¿Qué vidas negras?

Alex Pretti. Renée Nicole Good. Silverio Villegas Gonzalez. Jean Wilson Brutus. Nenko Gantchev. Parady La. Keith Porter Jr. Geraldo Lunas Campos. Todas estas personas murieron en el torbellino de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) iniciadas por la segunda administración presidencial de Donald Trump. En febrero de 2026, un cartel con los nombres y las fotografías de cada víctima apareció empapelado bajo el viaducto del tren de cercanías Metra, junto a la Kenwood Academy High School de Chicago. A Pretti y a Good los abatieron a tiros a plena luz del día, ante varios testigos. Ambos fueron asesinados en la ciudad de Mineápolis con apenas semanas de diferencia, en enero de 2026. La administración Trump los calumnió a los dos, calificándolos de terroristas sin prueba alguna por boca de la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, del comandante de ICE Greg Bovino y del propio presidente. Nadie fue detenido ni imputado por sus muertes, ni por las del resto de las víctimas que aquí figuran, pero estos asesinatos desencadenaron sucesivas oleadas de protestas intensas en las Ciudades Gemelas. Esas movilizaciones formaron parte de una marea creciente de manifestaciones y marchas contra ICE que llevaba meses gestándose en Los Ángeles, Chicago y otras tantas ciudades y pueblos en los que agentes encapuchados se abalanzaron sobre las comunidades sin orden judicial, en flagrante quiebra de los precedentes democráticos recientes y de cualquier sentido elemental de la decencia.

En muchos aspectos, las protestas contra las redadas de ICE prolongan claramente el activismo de Black Lives Matter (BLM). Miles de ciudadanos han organizado talleres «conoce tus derechos» y asambleas masivas; algunos han puesto en pie patrullas comunitarias y brigadas de silbatos para alertar a sus vecinos de la presencia de agentes de ICE; otros han desplegado avisos en redes sociales y mapas colaborativos para construir sistemas de alerta temprana; numerosos abogados y ciudadanos de a pie han asumido el papel de observadores legales durante las detenciones de ICE; y estadounidenses que jamás se habían sumado a una protesta han llenado las calles en marchas y concentraciones. Algunas de las estrategias y tácticas de BLM ensayadas en Ferguson, Chicago y Mineápolis han sido, una vez más, hechas suyas por millones de personas.

Mientras que las manifestaciones de BLM solían subrayar lo distinta que era la vida cotidiana de las personas no negras frente a la de George Floyd y otras víctimas negras de la violencia policial, los manifestantes contra ICE han desplegado una narrativa explícita que describe a las personas migrantes sin papeles como «nuestros vecinos», «nuestras comunidades»

La resistencia ciudadana a las redadas de ICE marca, sin embargo, un giro nítido respecto del momento BLM, en el que se daba por hecho que los afroamericanos eran las víctimas principales, si no las únicas, del poder carcelario. Eso nunca fue del todo cierto, pero resultaba difícil sostener lo contrario cuando tantos consideraban que la oposición a la violencia vigilante y policial contra las personas negras era el termómetro de la conciencia de izquierdas. En medio de las redadas de ICE ha aflorado, en los espacios de resistencia ciudadana, un sentido de solidaridad, no de mera simpatía. Mientras que las manifestaciones de BLM solían subrayar lo distinta que era la vida cotidiana de las personas no negras frente a la de George Floyd y otras víctimas negras de la violencia policial, los manifestantes contra ICE han desplegado una narrativa explícita que describe a las personas migrantes sin papeles como «nuestros vecinos», «nuestras comunidades» y quienes contribuyen de forma vital a la economía estadounidense. Han ido, además, más allá de las estrategias de BLM: han pasado a contener, sortear y abiertamente desbaratar las operaciones de ICE. Algunos ciudadanos han comprado por adelantado la mercancía a las personas migrantes que venden en la calle para que pudieran refugiarse en casa y evitar el acoso. Profesores y personal académico han impedido la entrada de los agentes en sus campus y aulas; los hosteleros y otros pequeños comerciantes les han negado el servicio y el uso de los baños.

Como en otros momentos, Trump ha impuesto a la ciudadanía estadounidense un nuevo conjunto de realidades y un ajuste de cuentas más profundo con el carácter antidemocrático, iliberal y violento de esta sociedad. En el primer año de su segundo mandato ha aplicado recortes drásticos al gasto social, ha desmantelado los compromisos vigentes de diversidad e inclusión en la política federal, ha despedido a miles de empleados públicos y ha intensificado el asalto al sistema de educación superior del país, blandiendo la amenaza de retirar la financiación federal para inducir la austeridad universitaria y socavar uno de los pocos reductos que aún quedaban de investigación científica, actividad creativa desmercantilizada, compromiso cívico y la tolerancia y el debate liberales.

El intento de esta administración de federalizar el poder policial interno es una reacción a la fuerza de las protestas de Black Lives Matter, que contribuyeron a hundir la primera candidatura de Trump a la reelección, y a la oleada de reformas policiales que se pusieron en marcha en la mayoría de los estados en los meses posteriores a las protestas por George Floyd en 2020. La administración Trump ha desplegado a agentes de ICE, de Seguridad Nacional y de la Patrulla Fronteriza en operaciones violentas, caóticas, ilegales, racistas y vengativas contra la ciudadanía, con las grandes ciudades en el punto de mira: precisamente allí donde sus aspiraciones de dictador en ciernes han sido contestadas con más fuerza. Ha llegado incluso a impulsar el uso de unidades de la Guardia Nacional, en contra de la voluntad de gobernadores en ejercicio y al margen de los procesos constitucionales, para «limpiar» ciudades como Chicago o cualquier otra plaza que despierte su ira. Su segundo mandato ha estado plagado de maniobras peligrosas, propaganda descarada, persecución de la libertad de expresión, corrupción y amiguismo a cara descubierta, y rabietas pueriles que han superado el desbarajuste del primero. Aunque ha habido fallos judiciales importantes contra los excesos legales de su administración, hasta ahora este giro autoritario en marcha ha resultado impermeable a cualquier freno duradero. Que estemos cayendo, como nación, en una pesadilla autoritaria a apenas media década de la muerte de George Floyd exige una reflexión serena, un cuestionamiento riguroso de los fracasos ideológicos y estratégicos de BLM y, sobre todo, el regreso a una política de izquierda mayoritaria, un contrapoder capaz de poner límites a la actual alianza gobernante: el capital de alta tecnología, la administración MAGA, la mayoría republicana en el Congreso, un Tribunal Supremo reaccionario, los nacionalistas blancos, la blogosfera de derechas y los demócratas corporativos que conforman el grueso de una «oposición» política apática.

Cuando se publicó Tras Black Lives Matter, en la primavera de 2023, no podía anticipar este momento, pero agradezco la oportunidad de revisitar y discutir algunos de los argumentos, preguntas y límites del libro junto a las colegas que han participado en este foro. Quiero dar las gracias a Toussaint Losier, Joseph G. Ramsey, Brendan McQuade y Timothy Weaver por dedicar tiempo a leer mi obra y ofrecer sus reflexiones y críticas. Algo cada vez más raro en nuestros tiempos, cuando algunos académicos han llegado a entender la crítica intelectual rigurosa como una violación de las expectativas contemporáneas de adoración y fandom, en lugar de como la savia de la vida intelectual que debería ser. Cada una de sus aportaciones me ha dado mucho que pensar. Por consideración a las lectoras, dejaré de lado algunas de las cuestiones menores que plantean mis interlocutores, como los reparos sobre qué libros debería haber incorporado a mi análisis. Si no cité o no entré a discutir las fuentes preferidas de alguien fue, probablemente, porque no veía esos análisis como pertinentes para el mío o como una adición valiosa a las muchas otras obras con las que el libro sí dialoga.

En lo que sigue abordo algunos de los desafíos, correctivos y refrendos que las contribuciones a este foro plantean a mi trabajo. Primero reitero los orígenes y la motivación con que escribí este libro. Segundo, retomo la errada acusación de «rigidez de clase» y muestro cómo no solo tergiversa mi obra, sino que desvía la atención de la crítica del libro a Black Lives Matter. Tercero, discuto el mito de la subclase como justificación ideológica primaria del desmantelamiento del Estado del bienestar y de la expansión carcelaria, y cómo sirvió para unir, en la derecha, a los conservadores de la guerra cultural y a los neoliberales. Sostengo que, aunque esta noción nació como una forma de racismo cultural –escrita, nada menos, por liberales de la Gran Sociedad–, el mito de la subclase acabó convirtiéndose en un insulto adaptable contra los pobres, ganando adeptos a ambos lados de la línea de color y construyendo un consenso de masas en torno a una política antibienestar y procarcelaria. Cuarto, abordo el problema del filantrocapitalismo y sus conexiones, poco reconocidas, de patronazgo y clientelismo con Black Lives Matter y la política abolicionista. Por último, vuelvo a la dimensión prescriptiva del libro y reviso las posibilidades de las obras públicas como vía para alcanzar la seguridad ciudadana mediante la expansión del salario social y la creación de mayor seguridad económica.

Por qué escribí Tras Black Lives Matter

No me propuse escribir un tratado exhaustivo sobre Black Lives Matter, aunque algunas reseñas hayan caracterizado así mi trabajo (Kang, 2023). Parafraseando a Hegel, el búho de Minerva solo levanta el vuelo al caer la tarde; resulta difícil, por tanto, escribir sobre un fenómeno político de manera comprehensiva mientras todavía se está desplegando. Como apunto en la introducción, el libro fue concebido como una intervención crítica con el pensamiento y la política de Black Lives Matter, y fue tomando forma despacio, a medida que crecía mi insatisfacción con los modos predominantes de discutir y abordar los problemas, encadenados entre sí, de la violencia policial y el encarcelamiento masivo. Paradójicamente, el creciente vigor de Black Lives Matter dificultaba cada vez más hablar de la vida negra realmente existente con honestidad y rigor empírico. Muchos colegas académicos quedaron arrastrados por el momento y, como descubrí enseguida, no estaban dispuestos siquiera a sopesar hechos que contradijeran la creencia de que el conjunto de la población negra estaba bajo asedio policial y de que las personas negras, en cuanto tales, eran el objetivo primario, si no exclusivo, de la policía represiva y del encarcelamiento. La analogía del «nuevo Jim Crow», popularizada en el libro homónimo de la jurista Michelle Alexander, no tardó en colonizar seminarios, congresos, podcasts e hilos de redes sociales. El problema, para mí, no era que esos argumentos no arrojaran luz sobre alguna dimensión del fenómeno, sino que quedaba ignorada buena parte de la demografía y la realidad social más amplia del poder carcelario, y, en el proceso, se desestimaban las dimensiones de clase de la vida negra y se desperdiciaba la oportunidad de tejer una solidaridad amplia más allá de la simpatía liberal y temperamental con la opresión negra. Tras Black Lives Matter critica lo que entiendo como un foco específicamente heredero de la Guerra Fría sobre la desigualdad racial, foco que ha funcionado como sentido común en una época de triunfo neoliberal y de creciente alienación y angustia económica. Frente a esa doctrina popular, mi trabajo trataba de iluminar las condiciones históricas concretas que dieron lugar a la expansión carcelaria y a las modalidades de policía contra las que se levantaron las protestas y la labor organizativa local de Black Lives Matter.

En ciertos contextos, sobre todo en las áreas urbanas que fueron los principales escenarios de las manifestaciones de Black Lives Matter, un encuadre raciocéntrico capta buena parte de la realidad social del abuso policial y la persecución carcelaria. En una ciudad como Chicago, por ejemplo, sabemos que los residentes negros de la clase trabajadora cargan con el grueso del poder carcelario. Entre 2008 y 2015, los años de Obama, cuando Black Lives Matter cobró forma como fenómeno nacional, los habitantes negros de Chicago supusieron el 74 % de las personas tiroteadas por la policía. En el mismo periodo, fueron también la mayoría aplastante (72 %) de las personas sometidas a paradas de hostigamiento, esto es, retenciones policiales que no terminan en arresto (Davey y Smith, 2016). Estos números resultan especialmente crudos en una ciudad repartida casi a partes iguales entre personas negras, blancas y latinas, cada grupo en torno a un tercio de la población.

En el momento de su funesto encuentro con la policía, la mayoría estaba en paro, empobrecida, en condiciones precarias, y dependía de alguna combinación de asistencia estatal y trabajo informal para sobrevivir.

Cuando nos detenemos a preguntar qué personas negras son las que con más frecuencia se convierten en blanco del furor policial y del poder carcelario rutinario, aparece una realidad distinta: la policía se ha vuelto el principal mecanismo de gestión de la población excedente relativa tras la retracción del estado del bienestar. Tras Black Lives Matter describe las vidas de varias víctimas negras de la violencia policial muy mediatizadas –Freddie Gray, Laquan McDonald, Alton Sterling y otras– y, salvo contadas excepciones, hay un hilo común que las une, y, pese al sentido común que terminó dominando el discurso público, ese hilo crucial no era la raza. Como sostuve en Tras Black Lives Matter, «podemos ver la raza de las víctimas en esos vídeos que circulan por nuestras redes sociales, pero [su] inserción en una economía sumergida es, en lo esencial, invisible. […] Su posición común entre los segmentos más hundidos de la clase trabajadora no resulta tan legible para ciertos públicos» (Johnson, 2023, p. 51). En el momento de su funesto encuentro con la policía, la mayoría estaba en paro, empobrecida, en condiciones precarias, y dependía de alguna combinación de asistencia estatal y trabajo informal para sobrevivir. Esto es así también cuando ampliamos la mirada más allá del contexto urbano y nos fijamos en víctimas del poder carcelario en el interior del país, en pueblos pequeños, ciudades y regiones donde la presencia negra es menor. Eslóganes convertidos en análisis como «el nuevo Jim Crow» y «Black Lives Matter» han resultado menos útiles cuando apartamos la vista del último vídeo viral y miramos las tendencias nacionales. Hay muchos episodios de violencia y muerte policial que no quedan registrados, y otros que sí son documentados con cámaras de teléfono móvil pero no circulan en las redes cuando esos actos no se ajustan a la narrativa dominante de la opresión negra. «Hay claramente una dimensión racial en el Estado carcelario contemporáneo», señalo, «pero esto refleja la composición de la clase trabajadora, cuyos sectores más desposeídos son desproporcionadamente afroamericanos y latinos» (C. G. Johnson, 2023).

Los problemas a los que se enfrentan los negros de clase trabajadora reflejan, a menudo de forma intensificada, los problemas a los que se enfrenta el conjunto de las clases trabajadoras; sin embargo, buena parte de la literatura sobre policía y encarcelamiento masivo desde los años dos mil se ha articulado no solo en torno a una lógica de disparidad del tipo «las personas negras son las que peor lo pasan», sino también en torno a la falsedad de que todas las personas negras experimentan la sociedad estadounidense del mismo modo. De ahí que el discurso del excepcionalismo negro –la tesis de que la policía y el encarcelamiento masivo son problemas única y, en sus versiones más extremas, exclusivamente experimentados por los afroamericanos– sea una de las dianas centrales del libro. Como alguien que lleva décadas viviendo y estudiando la vida política negra, sentí la necesidad de señalar las limitaciones de esta línea de pensamiento: cómo ofusca la realidad social y reproduce las dinámicas establecidas de liderazgo racial y las relaciones de patronazgo y clientelismo, aunque ahora con mayor representación de voces de mujeres negras y LGTBQ. La fuerza de BLM produjo algunas reformas tecnocráticas significativas, pero terminó por dejar a un lado los análisis y las estrategias capaces de unir a constituencias populares en torno a una legislación que pudiera contener el poder carcelario y ofrecer un avance real para los millones de estadounidenses abandonados a su suerte tras la desindustrialización y el vaciamiento del salario social.

Las alegrías del análisis coyuntural

La respuesta positiva más constante al libro a lo largo de estos últimos años ha sido el elogio a su análisis coyuntural, al ajuste de cuentas con el equilibrio exacto de fuerzas en juego tanto en la construcción del encarcelamiento masivo en las últimas décadas del siglo XX como en las campañas y los movimientos populares desplegados contra el poder carcelario en tiempos recientes (C. G. Johnson, 2023, pp. 71-78; Jefferson, 2021, pp. 24-32). Ramsey, McQuade y Weaver, así como otros reseñistas más allá de este foro, ponderan el agudo sentido de la contingencia histórica que atraviesa el libro. Dicho esto, abordemos la acusación de «rigidez de clase» que, de modos diversos, lanzan McQuade y Losier, ambos defensores de la interpretación raciocéntrica de la crisis carcelaria que vertebra buena parte de la literatura abolicionista y de los estudios de justicia penal contemporáneos.

Si por «rigidez de clase» se entiende un compromiso inquebrantable con los intereses de las clases trabajadoras y una oposición pétrea a toda forma de despojo, explotación y autoritarismo dispensada por el capital, entonces me declaro culpable.

Sus críticas, sin embargo, sugieren cierta inflexibilidad interpretativa por mi parte y, en particular, una supuesta resistencia a percibir las consecuencias sociales del racismo, sobre todo en su relación con el poder carcelario. McQuade afirma que mi «conceptualización de la clase es rígida y reduccionista, y que la clase puede separarse limpiamente de la raza, que queda reducida a un concepto puramente ideológico». Tiene razón en el sentido de que, junto a unas cuantas generaciones de intelectuales de izquierda, sostengo que la raza es ideológica y está falseada por la ciencia, pero, como dejo claro, «el carácter espurio de la raza no la vuelve menos real en el plano del poder social» (C. G. Johnson, 2023, pp. 36-37). «Otros podrán decidir hacerlo», sostengo en el mismo capítulo, «pero no hace falta debatir el hecho de la discriminación antinegra persistente y omnipresente en la sociedad estadounidense actual, tal como han documentado los estudios de prácticas de contratación, según los cuales hasta los nombres “de sonido negro” pueden conducir a un trato injusto y a una valoración desfavorable de los aspirantes a un puesto, o los estudios sobre espacios de consumo como los clubes nocturnos, donde se demuestra que a los hombres negros se les niega de forma rutinaria la entrada o se les cobra una tarifa más alta que a los clientes blancos, incluso vistiendo la misma ropa». Por supuesto, señalar que la discriminación racial existe y que es una fuerza poderosa, que con frecuencia define vidas y políticas a lo largo de generaciones en contextos muy diversos, no equivale a la pretensión más metafísica de que algo llamado «raza» estructura la vida humana del mismo modo que la clase (entendida aquí como relación con los medios de producción).

No trato las protestas de BLM como preocupaciones menores ni como distracciones respecto de las luchas anticapitalistas. «Lejos de ser distracciones de cuestiones supuestamente más importantes», escribo en la introducción, «las luchas populares contra la policía y el encarcelamiento masivo se dirigen a dimensiones nucleares del capitalismo de consumo y de la neoliberalización. […] Como detalla este libro, la policía, tal como la conocemos, existe para la defensa de las relaciones de propiedad, para la protección de los espacios minoristas y turísticos del consumo y de los procesos de valorización y desarrollo inmobiliario metropolitano, y para la regulación de las poblaciones excedentes relativas a las que se considera amenazas para este régimen de acumulación» (C. G. Johnson, 2023, p. 20). Estas tesis teóricas iniciales y la atención fina a los contextos locales, a los actores históricos reales y a las condiciones cambiantes recorren todo el libro: en las discusiones sobre las patrullas de esclavos, sobre la formación de los departamentos de policía en las primeras ciudades industriales, sobre la transformación del espacio urbano tras la Segunda Guerra Mundial y sobre la modernización policial en lugares como Los Ángeles y Chicago. ¿En qué se traduce, exactamente, esta supuesta «rigidez de clase»? La respuesta, claro, es que para académicos como McQuade y Losier, si no se eleva la raza a forma metafísica de causalidad más allá de las instancias concretas de discriminación, violencia extralegal, etcétera, se es de oficio culpable de rigidez de clase.

El debate «raza vs. clase» alcanzó su punto álgido durante la campaña de Bernie Sanders por la nominación demócrata a la presidencia en 2016, pero a estas alturas me parece a la vez un atolladero y, en lo personal, una conversación insoportablemente aburrida. Como deja claro Barbara Fields, raza y clase son conceptos de orden distinto (B. J. Fields, 1982, p. 151; K. E. Fields y Fields, 2014). Raza y clase no remiten al mismo fenómeno social e histórico, y no se puede sustituir uno por otro. Y añadiría: tampoco deberían fundirse mediante neologismos como la «materialidad de la raza», el «capitalismo racial» o, peor aún, la afirmación de que «la raza es la clase». A estas alturas me he acostumbrado a la acusación de reduccionismo de clase en los hilos de redes sociales y, a la inversa, a los mensajes periódicos que recibo de sectarios curtidos que disputan mi obra por su «marxismo político» y por lo que ven como demasiada atención matizada a la especificidad histórica, a los intereses reales y a las contradicciones sociales. En tiempos de guerra cultural revigorizada, ansiedad de masas, redundancias de la mano de obra académica, contenido generado con IA y cultura de la cancelación, las redes sociales son el lugar donde el debate intelectual serio agoniza. He llegado a esperar la cantinela del «reduccionismo de clase» allí, pero me decepciona y me deja perplejo encontrarla en este foro.

Esta acusación de reduccionismo de clase resulta especialmente extraña y desencaminada justo ahora, cuando nuestro propio momento histórico exige un análisis de clase anticapitalista. Desde la publicación de Tras Black Lives Matter, hemos visto crecer la riqueza de los multimillonarios a escala global a un ritmo tres veces superior a la media de los cinco años anteriores; al cierre de este texto, la riqueza combinada de los multimillonarios alcanza el nivel más alto de la historia humana: 18,3 billones de dólares (Resisting the Rule of the Rich, 2026). Tales concentraciones masivas de riqueza y poder se han acelerado mientras más de la mitad de la humanidad vive en la pobreza. Insistir en ignorar este bosque por los árboles de las afirmaciones particularistas sobre qué estadounidenses lo pasan peor es, a la vez, analíticamente limitado y políticamente contraproducente.

La noción de rigidez de clase también desmiente cómo el libro aborda la clase. A lo largo del texto, la clase se trata como una relación social y un proceso de acumulación de capital, no como una variable conductista ni como una identidad unitaria. Y, aunque desde el inicio reconozco la división central entre capital y trabajo, los análisis de los capítulos sustantivos del libro están entrenados sobre las manifestaciones contingentes y encarnadas de esa división de clase más amplia. «Los intereses de clase no están estrictamente determinados en lo económico, sino moldeados a través de procesos históricos y de la política», y por eso «las clases no carecen de sus propias divisiones internas sociales, políticas, sectoriales y de otro tipo, y las experiencias de clase situadas de los distintos protagonistas históricos –los pobres urbanos, los políticos, los gentrificadores de clase media, los policías de calle, los burócratas sindicales, los trabajadores de la cadena de montaje, los activistas, los promotores inmobiliarios, los veteranos de combate, etcétera– se ponen en primer plano a lo largo de este libro» (C. G. Johnson, 2023, p. 20). Dicho esto, si hay momentos en los que mi lectura de la historia y la política estadounidenses sugiere que las estructuras económicas y las élites poderosas determinan aspectos de la vida social, política y cultural, es sencillamente porque, en ciertas coyunturas, así ocurre.

Existen desproporcionalidades raciales en quiénes son hostigados de forma rutinaria por la policía, detenidos, procesados y condenados en el sistema de justicia penal estadounidense (Clark et al., 2025). No ignoro ni minimizo este hecho, como pretenden McQuade y Losier. Al contrario: como señalo en la introducción, los ciudadanos negros tienen «más probabilidades de ser vigilados, agredidos y muertos por la policía», y «más probabilidades, además, de estar desarmados» en esos encuentros (C. G. Johnson, 2023, p. 20). De nuevo: ¿de qué ciudadanos negros estamos hablando? Para McQuade y Losier, lo único que parece importar de estas víctimas, en términos contextuales y sociológicos, es que son negras. Así, podríamos llegar a pensar que, igual que cuando somos vigilados, agredidos y asesinados lo único que importa de nosotros es nuestra negritud, también debería ser lo único que importa cuando no lo somos. De hecho, los discursos antirracistas dominantes que critica Tras Black Lives Matter apenas distinguen entre las experiencias de los profesionales negros, las celebridades, los empresarios acaudalados y la clase inversora, por un lado, y los segmentos más hundidos de la clase trabajadora, los empleados del sector servicios, los trabajadores precarios, los desempleados y los inempleables, por otro.

La alternativa de McQuade a mi análisis materialista-coyuntural de las condiciones que produjeron el encarcelamiento masivo en nuestra época no resulta especialmente convincente.[1] En todo caso, la metanarrativa genealógica de la opresión racial que ofrece contradice el espíritu de la teoría de la formación racial que él dice suscribir y que, no se olvide, fue formulada en los años ochenta como antídoto contra el esencialismo racial y, en parte, inspirada por los argumentos gramscianos sobre la lucha por la hegemonía (Omi y Winant, 1986; Winant, 1994). Cuando McQuade afirma que en Estados Unidos «la racialización tiene su raíz en la codificación de la jerarquía racial en la ley a partir de la Rebelión de Bacon, cuando la raza se codificó legalmente para meter una cuña entre dos tipos de trabajadores forzados, las personas blancas “endeudadas por contrato” y las personas negras “esclavizadas”», acierta respecto de lo que ocurre en Virginia tras los códigos esclavistas de 1705, pero generalizar directamente desde ese contexto histórico al siglo XXI resulta problemático, máxime cuando median más de tres siglos. Apoyándose en esa imagen, sostiene que «procesos profundamente arraigados y entrelazados de formación de la fuerza de trabajo y formación racial se desarrollaron a lo largo del tiempo, dando forma a regímenes sucesivos de acumulación y a formas estatales». Aquí se corre el riesgo de leer la complejidad y la contingencia fuera de la historia, sobre todo en lo que respecta a los significados, el poder y la hegemonía relativos de la ideología racista en cada coyuntura, incluida la coyuntura que aborda Tras Black Lives Matter. Su análisis es una genealogía selectiva más que una historia crítica.[2]

En la misma línea, deberíamos ser cautelosos con las conclusiones que pueden extraerse de discusiones altamente abstractas sobre la formación racial desde la época colonial hasta nuestros días, que se leen como una versión más sofisticada del Proyecto 1619, sobre todo porque alientan juicios ahistóricos sobre las implicaciones relativas de la raza en contextos discretos y, todavía menos útiles, conclusiones sobre cómo vivían las personas y cuáles eran sus motivaciones y vidas políticas. Por ejemplo, la tesis de los «salarios de la blancura» que evoca McQuade nos dice muy poco sobre las decisiones políticas concretas que tomaron miles de trabajadores durante la Reconstrucción y después.[3] Algunos trabajadores blancos, ciertamente, se aliaron con la clase mercantil-terrateniente y los industriales bajo la bandera de la supremacía blanca, pero otros impulsaron huelgas junto a trabajadores negros: pensemos en la campaña de los Knights of Labour para organizar a los cortadores de caña de azúcar negros y blancos en la costa de Luisiana, brutalmente reprimida en la masacre de Thibodaux de 1887, o en la organización birracial que dio lugar a la Huelga General de Nueva Orleans de 1892. Otros, en fin, hicieron causa común con los recién emancipados, formando gobiernos interraciales como los regímenes fusionistas locales de Carolina del Norte –sobre todo en Wilmington–, el gobierno Readjuster en Virginia y la efímera República del condado de Jones, en Misisipi, junto a otros experimentos de la Reconstrucción de democracia interracial (Arnesen, 1991; Rosenberg, 1988; Arnesen, 1998, 2014).

Estas historias –y otras más– son, sin duda, genealógicamente importantes para entender ciertos rasgos de la policía estadounidense y del poder coercitivo policial en general.

Esta historia más larga, más compleja de lo que sugieren las caracterizaciones radicales de un racismo transhistórico, no resulta tan pertinente para la expansión carcelaria de las últimas décadas del siglo XX, precipitada por el colapso de la coalición del New Deal, el desmantelamiento del Estado del bienestar y la carrera atropellada de los políticos locales y nacionales por encontrar una solución barata al desempleo, la miseria social y la inestabilidad barrial producidas por la desinversión federal, la intensificación del capital y la producción globalizada. Como señalo en el libro, las patrullas de esclavos del periodo previo a la Guerra Civil, la cláusula de «trabajo forzado» de la Decimotercera Enmienda y el sistema sureño de arrendamiento de presos deben discutirse junto a otros fenómenos históricos como las colonias penales, los serenos, los departamentos de policía «al estilo londinense», los sheriffs de la frontera, el movimiento de la templanza, el vigilantismo y la justicia de la turba, la evolución arquitectónica de las cárceles y los manicomios, todos ellos parte del desarrollo más largo del aparato represivo del Estado. Estas historias –y otras más– son, sin duda, genealógicamente importantes para entender ciertos rasgos de la policía estadounidense y del poder coercitivo policial en general.

Antes que tales excavaciones genealógicas –ya sea de la ciencia administrativa de la temprana modernidad preferida por McQuade, de la América de antes de la Guerra Civil o incluso de la Gran Migración–, nuestro problema del encarcelamiento masivo tiene orígenes contingentes más recientes, y una metanarrativa de opresión racial oscurece mucho más de lo que aclara. En sus respectivas defensas de la centralidad de la raza, tanto McQuade como Losier parecen sortear la cuestión empírica de que la demografía carcelaria fue mayoritariamente blanca durante buena parte de la historia del país. El hecho es que, a lo largo del siglo XX, la inmensa mayoría de los presos en Estados Unidos fueron blancos, y los blancos seguirían siendo una mayoría del 60 % cuando Ronald Reagan juró el cargo de presidente (Langan, 1991, p. 5).

De pasada, tanto McQuade como Losier reconocen los cambios en la vida negra desde la derrota de la segregación de Jim Crow, pero minimizan la trascendencia política y social de lo que vino después. Lo que presenciamos en las décadas posteriores a las grandes reformas en el Congreso que prohibieron la discriminación en los servicios públicos, las elecciones, el acceso a la universidad, la inmigración y la vivienda, así como tras la extensión nominal de la red de protección social del New Deal, fue verdaderamente revolucionario en el plano de la gobernanza democrático-liberal. Asistimos a la restitución de los derechos de ciudadanía de las personas negras, a la expansión sin precedentes de las clases medias y altas negras y a reducciones notables de la pobreza negra. No se trató de meros cambios cívicos o demográficos, sino de una transformación societaria que dio lugar a una integración inédita de los afroamericanos en la cultura de masas, en diversas industrias, en la política local, estatal y nacional, en el empleo público y en la vida social.

Al mismo tiempo, la trayectoria para amplios segmentos de los trabajadores negros iba en sentido opuesto. La historia de la expansión carcelaria empieza con la crisis urbana de la posguerra, con las primeras dislocaciones sociales producidas por la contracción de la fuerza de trabajo manufacturera y sus efectos visibles, dramáticos, sobre la vida urbana. Justo cuando los afroamericanos se hicieron con el control del gobierno municipal en muchas ciudades estadounidenses, esas mismas localidades afrontaban problemas comunes: la intensificación del desempleo entre negros y latinos y un aumento real de la criminalidad. Durante los años setenta y ochenta, los públicos negros y los regímenes de gobierno en ciudades como Washington D. C., Detroit, Gary, Atlanta y Nueva Orleans estaban desesperados por encontrar soluciones al alza de homicidios, al delito contra la propiedad, a la adicción a las drogas y al deterioro general de la vida del barrio. Como han apuntado otros, el endurecimiento policial, la labor organizativa de base con consignas de «mano dura contra el crimen», las políticas de tolerancia cero y las penas mínimas obligatorias por delitos relacionados con drogas y violencia emergieron como soluciones a mano frente a la inestabilidad creciente y la profundización de la desigualdad, también entre constituencias mayoritariamente negras.

Al insistir en que mi trabajo se pliegue a la sensibilidad raciocéntrica predominante que define el discurso de Black Lives Matter y buena parte de la producción académica sobre el poder carcelario, McQuade y Losier minimizan el modo, históricamente fundamentado, en que sí abordo raza y clase, y, sobre todo, los orígenes, el poder cultural y la promiscuidad del mito de la subclase, presente a lo largo de todo el libro. Es un descuido mayúsculo por su parte.

El mito de la subclase

Agradezco a Weaver que me empuje a explorar con más profundidad la diferencia entre neoliberalismo y conservadurismo. «En mi propio trabajo», escribe, «he llegado a la conclusión tentativa de que tiene sentido separar neoliberalismo y conservadurismo, y pensarlos como órdenes políticos distintos, a veces enfrentados, a veces colaborando hacia un objetivo común». Estoy de acuerdo, y he establecido distinciones claras en algunos trabajos anteriores más centrados en la neoliberalización urbana.[4] Durante un tiempo, la Nueva Derecha pudo albergar una diversidad de tendencias políticas, pero en ciertos asuntos –como la legalización del «aborto químico» o del cannabis– los intereses de las grandes corporaciones y de los libertarios de mercado libre han chocado a veces con las creencias e intereses de los fundamentalistas cristianos, los cruzados antidroga, los misóginos y compañía. El mito de la subclase, en cambio, ha unido a estas distintas facciones –fundamentalistas de mercado y conservadores cristianos– combinando el desdén de los primeros por el Estado del bienestar, el compromiso de los segundos con los valores de la familia patriarcal, y el racismo y prejuicio de clase de ambos bandos.

Como apunto en el segundo capítulo, la «clase media» y la «subclase» son dos mitos potentes que alcanzaron hegemonía durante los años de la Guerra Fría, pero la subclase «pasaría a ser denostada desde los años sesenta en adelante como una carga social sobre la clase media» (Johnson, 2023, p. 87). «[S]i la clase media llegó a entenderse como blanca, suburbana, respetuosa de la ley, virtuosa, próspera, propietaria, trabajadora, autónoma y republicana», sostengo, «entonces la subclase era negra y brown, urbana, pobre, criminal, disfuncional, desposeída, vaga, dependiente y apática» (Johnson, 2023, p. 89). Como detallo en Tras Black Lives Matter, estas ficciones populares de la clase eran excesivamente amplias, estereotípicas, y oscurecían la realidad social y las experiencias reales de millones de estadounidenses durante los años de la Guerra Fría. El segundo capítulo rastrea también los orígenes de este giro culturalista en el pensamiento sobre la clase a través de la obra de dos figuras liberales influyentes de comienzos de los sesenta: la crítica de arquitectura y activista contra la renovación urbana Jane Jacobs y el profesor y alto cargo nombrado por la Casa Blanca Daniel Patrick Moynihan (Johnson, 2023, pp. 108-121). «El hilo que une los argumentos de ambos es la cultura, ya sea la cultura del barrio de clase media que civiliza, ya sea la supuesta cultura de los pobres que engendra barbarie», señalando que «donde Jacobs desacopla la seguridad pública de la desigualdad económica, Moynihan ejecuta una maniobra similar, incluso al centrarse explícitamente en la manifestación más visible de la desigualdad en la vida urbana estadounidense de los sesenta: la condición de los pobres negros urbanos» (Johnson, 2023, p. 117).

La subclase nace como una suerte de racismo cultural durante la Gran Sociedad, una afirmación de inferioridad negra dirigida contra los pobres pero despojada de pretensiones biológicas explícitas. Aunque empático con la situación de los pobres negros urbanos, el informe The Negro Family: The Case for National Action, redactado por Daniel Patrick Moynihan en 1965, hilvanó una narrativa de patología cultural y desajuste, cuidándose de no enfatizar los determinantes estructurales ni soluciones profundamente redistributivas por miedo a perder el apoyo republicano en el Congreso para la legislación contra la pobreza (T. Reed, 2015; véase también Geary, 2015). Como apunto en Tras Black Lives Matter, «la tesis de Moynihan se desarrolló en el contexto de dos conflictos sociales superpuestos. El primero, la batalla por derribar la segregación de Jim Crow, era ante todo seccional y abiertamente político. El segundo, la pobreza y el desempleo de los negros urbanos, era nacional y hundía sus raíces en la desmovilización industrial de tiempos de paz y en los cambios en las fuerzas productivas» (Johnson, 2023, pp. 118-119). En lugar de abordar la discriminación racial y la economía política, el análisis y la receta de Moynihan pondrían el foco en la reproducción social y en la supuesta disfunción cultural de los pobres negros. «En el corazón del deterioro del tejido de la sociedad negra está el deterioro de la familia negra», sostenía Moynihan. Y mientras la «familia blanca ha alcanzado un alto grado de estabilidad y la mantiene», argumentaba, «por contraste, la estructura familiar de los negros de clase baja es altamente inestable y, en muchos centros urbanos, se aproxima a un colapso completo» (Moynihan, 1965, p. 5).

Reagan había sido derrotado en intentos previos por la nominación republicana, pero su mitología de la welfare queen ganó tracción al calor de las recesiones inducidas por las crisis del petróleo de mediados y finales de los años setenta, y le entregó la victoria sobre el presidente en ejercicio Jimmy Carter en 1980

Los aspectos conservadores de la tesis de Moynihan se ampliarían y se volverían más influyentes con el paso de las décadas. Su imaginario de la madre negra soltera con desesperada necesidad de asistencia pública lo retomó, en la campaña presidencial, Ronald Reagan, que adornó un caso de fraude al sistema de bienestar en Chicago. El caso era el de Linda Taylor, legalmente blanca pero racialmente andrógina (Levin, 2019). En sus discursos de campaña, Reagan apelaba a la nostalgia racista por el mundo anterior a la Gran Sociedad y a las rebeliones urbanas de los sesenta. Exageró el alcance de las acciones fraudulentas de Taylor y, en lugar de provocar simpatía, sus palabras alimentaron la rabia y el resentimiento de los blancos mayores y de clase media. Reagan había sido derrotado en intentos previos por la nominación republicana, pero su mitología de la welfare queen ganó tracción al calor de las recesiones inducidas por las crisis del petróleo de mediados y finales de los años setenta, y le entregó la victoria sobre el presidente en ejercicio Jimmy Carter en 1980. A lo largo de la administración Reagan-Bush, la retórica de la subclase se utilizó para atacar las iniciativas antidiscriminación y antipobreza de la Gran Sociedad sin necesidad de recurrir a expresiones explícitas de racismo.

A medida que las condiciones físicas y sociales de muchas ciudades se deterioraban, los públicos negros exigían alivio frente a la crisis del crimen, la violencia, las drogas y el desorden que asediaban cada vez más los barrios obreros negros (Jay y Conklin, 2020; Forman, 2017). En este contexto, versiones del mito de la subclase fueron rearticuladas por el estrato profesional-gerencial negro y por los propios residentes de clase trabajadora. Durante los años ochenta y comienzos de los noventa, los activistas negros, en especial los de las organizaciones veteranas de derechos civiles, estuvieron entre los primeros en dar la voz de alarma sobre la brutalidad policial, los controles de tráfico discriminatorios y las crecientes tasas de encarcelamiento de hombres negros. Su respuesta no fue, sin embargo, la única ante la expansión carcelaria de la era Reagan-Bush: muchos otros ciudadanos, miembros del clero, escritores, intelectuales y activistas barriales contestaron con un discurso del «hombre negro en peligro», invocando la «conspiración para destruir a los chicos negros» e impulsando iniciativas de rehabilitación moral como vía para frenar la crisis carcelaria (A. L. Reed, 1999; Alexander-Floyd, 2003; Legette, 1999).

Estas expresiones negras de la ideología de la subclase casi siempre se presentan como un decir las verdades a la cara y como amor severo, pero la carga ideológica no difiere de las formulaciones equivalentes de la Nueva Derecha. Cuando se aprobó la legislación HOPE VI bajo el liderazgo de Bill Clinton, el consenso entre los demócratas corporativos y las élites negras era que la vivienda pública había sido un experimento fallido. Del mismo modo, cuando, tras el desastre del huracán Katrina, una valiente partida de fuerzas locales se reunió para defender los complejos de vivienda pública de Nueva Orleans aún no demolidos o rediseñados, fueron derrotados por una élite gobernante multirracial. De forma célebre, el entonces concejal (y posterior felón convicto) Oliver Thomas advirtió, hablando sobre la situación de los inquilinos de vivienda pública desplazados: «No necesitamos a espectadores de telenovelas ahora mismo», recurriendo al sambenito habitual contra los pobres como universalmente vagos y reacios a ganarse la vida. El comentario era especialmente insultante dado que muchos residentes de vivienda pública trabajaban en la economía turística de bajos salarios de la ciudad y aun así no llegaban al alquiler. Tras Black Lives Matter aborda algunas de las expresiones más perniciosas del mito de la subclase, incluido el mensaje de la Marcha del Millón de Hombres de 1995 sobre la expiación masculina negra y la necesidad de restaurar la autoridad patriarcal, el extravagante y mendaz «Pound Cake speech» de Bill Cosby en 2004, los discursos recurrentes de Barack Obama el Día del Padre y otras instancias en las que encontramos a afroamericanos, de élite y de masas, sosteniendo que los pobres negros sufren de autosabotaje, falta de ética del trabajo, falta de respeto a la autoridad, libertinaje sexual y crianza irresponsable (C. G. Johnson, 2023, pp. 191-201; Patterson, 2006; Auletta, 1982; Dalrymple, 2001; Jencks y Peterson, 1991; Wilson, 1987, 1993).

Conviene señalar que los tópicos que hoy asociamos a la subclase –vagancia, autosabotaje, alcoholismo y consumo de drogas– son notablemente similares a caracterizaciones mucho más antiguas de las clases trabajadoras de toda adscripción racial: insultos pensados para amonestar a los trabajadores díscolos, mientras se disciplinaba y se cooptaba a otros, y para distinguir ideológicamente a las clases dominantes de las clases dominadas. A medida que las condiciones de vida de muchos estadounidenses han empeorado bajo la neoliberalización y la globalización, encontramos despliegues más amplios de los peyorativos de la subclase más allá del gueto negro. Epítetos como white trash, trailer trash, hillbillies, meth heads, illegals, the people of Walmart, etcétera, vehiculan el mismo prejuicio de clase y, en lugar de subrayar la caída de los salarios reales, el desmantelamiento de la red de protección social u otras dimensiones estructurales del momento actual, esa retórica nos devuelve al terreno familiar del señalamiento culpabilizador de los más desposeídos, sin importar el color o el origen nacional (Wacquant, 2022; O’Connor, 2001). Durante el ciclo electoral presidencial de 2016, una versión de la narrativa de la subclase se dirigió contra los trabajadores blancos.[5] En la izquierda, fueron retratados como paletos racistas impenitentes y enloquecidos por MAGA. Se nos dijo que eran «votantes de baja información», que se ponían del lado de un multimillonario reaccionario en contra de sus intereses materiales, sin demasiada discusión sobre cómo ellos percibían sus propios intereses. Eran un «cesto de deplorables», en palabras de la entonces favorita demócrata y exprimera dama Hillary Clinton. Por la derecha, Hillbilly Elegy (2016), las memorias del actual vicepresidente J. D. Vance, sirvieron una historia de iniciación en una cabaña de troncos entre el lumpen blanco rural que reproducía exactamente los mismos estereotipos de irresponsabilidad, criminalidad, adicción y violencia que antes se reservaban a los pobres del gueto.[6]

El mito de la subclase ha ayudado a millones de estadounidenses a reconciliar la promesa de posguerra de una vida de consumo de clase media con las condiciones deteriorantes que han acompañado a la intensificación del capital (automatización, informatización y ahora inteligencia artificial), la consiguiente pérdida de empleos manufactureros internos, la producción globalizada y el ocaso del viejo salario social del New Deal. En este contexto, el inner city, una invención de la suburbanización de posguerra, se convirtió en un símbolo conmovedor del colapso societario más amplio y de la ansiedad colectiva, con los pobres negros urbanos como chivo expiatorio a mano para todo lo que iba mal en la vida urbana y, más en general, en el rumbo del país. La noción de subclase tiene su origen en el liberalismo antipobreza, fue apropiada con eficacia por la Nueva Derecha y, sin embargo, la «subclase» es un concepto más promiscuo: ha evolucionado hasta convertirse en una explicación popular de la pobreza y la penuria que puede aplicarse de forma amplia a poblaciones distintas, sin importar la raza. Es un mito desplegado de manera rutinaria para justificar arrestos, hostigamiento policial, adicciones a opiáceos y muertes por sobredosis, sinhogarismo, desahucios y desempleo.

Black Lives Matter y el complejo humanitario-corporativo

En el contexto específico de la violencia policial, Black Lives Matter insistió en que las personas negras merecían igual protección ante la ley, esto es, una aplicación directa y efectiva de la Constitución estadounidense, un objetivo enormemente valioso y por el que vale la pena luchar, pero también un objetivo intrínsecamente liberal. El ensayo de Losier interpela mi obra de manera fértil al preguntar qué fue exactamente Black Lives Matter como fenómeno. No le convence mi caracterización de BLM como una expresión militante de liberalismo racial, pero no propone una interpretación alternativa. Losier sostiene también que Tras Black Lives Matter «pierde la oportunidad de ofrecer una valoración de grano fino de BLM y de sus limitaciones, y ofrece una crítica que, aunque incisiva en puntos clave, no logra, igual que el propio movimiento, estar a la altura de su pleno potencial». Agradezco su crítica afilada y los detalles contextuales que aporta a propósito de mis discusiones sobre las protestas de Ferguson y Chicago de 2015. Hay, ciertamente, mucho por hacer para mapear y documentar el activismo de BLM a escala nacional, y son muchas las secciones locales, las campañas, los debates estratégicos y las voces ignoradas que aún están por explorar. Como apunto en Tras Black Lives Matter, algunos trabajos –como el de las cineastas Sabaah Folayan y Damon Davis en Whose Streets? o la pieza teatral Florissant and Canfield de Kristiana Rae Colón– ofrecen, de modos distintos, estudios penetrantes de las voces de las y los residentes de Ferguson y de la subcultura activista local que tomó forma tras el asesinato de Michael Brown (Johnson, 2023, pp. 382-383). Dicho lo cual, hay otros problemas que el conocimiento territorial local, por singular y perspicaz que sea, sencillamente no puede resolvernos.

Hay valor en las historias locales, en el conocimiento de los de dentro y en los relatos autoetnográficos, pero, hasta la fecha, buena parte de la literatura sobre BLM en esa clave no ha pasado del registro de las memorias y la hagiografía (Cullors et al., 2018; Cullors, 2021; Garza, 2020; Lebron, 2023; Ransby, 2018). ¿Cabe esperar una literatura autocrítica sobre Black Lives Matter y las luchas anticarcelarias en general, dadas las lealtades y las relaciones personales que rigen las redes activistas y las camarillas académicas adyacentes, dada la forma en que la cultura de la cancelación ha distorsionado el modo en que tantas personas piensan hoy la crítica intelectual, por no hablar de las carreras profesionales en juego dentro del complejo humanitario-corporativo? Han pasado diecisiete años desde el asesinato vigilante de Trayvon Martin, y no parece que ese tipo de literatura crítica y reflexiva esté por venir, al menos no desde las filas de los fieles de BLM. Más importante todavía: ¿por qué deberíamos dar por sentado que las y los cuadros activistas son las únicas voces autorizadas e informativas en una actividad de movimiento que ha implicado a millones de participantes de todo tipo?

Hay desincentivos ideológicos y estructurales para que emerja una crítica vibrante y reflexiva desde los distintos campos abolicionistas y de Black Lives Matter. Como ha argumentado mi camarada Adolph Reed Jr., «el antirracismo no es una alternativa igualitaria distinta a una política de clase, sino que es, él mismo, una política de clase», y, más sin rodeos: «es el ala izquierda del neoliberalismo en la medida en que su única métrica de justicia social es la oposición a la disparidad en la distribución de bienes y males en la sociedad, un ideal que naturaliza los resultados de las fuerzas del mercado capitalista mientras sean equitativos a lo largo de líneas raciales (y de otras identidades)» (Reed Jr., 2016). Reed ofrece una intervención necesaria en debates contemporáneos que, tristemente, perpetúan el viejo pensamiento de la Guerra Fría, cuando periodistas y científicos sociales pasaron a tratar la raza como la línea de fractura social fundamental, en una época en que la lucha de clases había sido brutalmente reprimida y desterrada del debate público legítimo. Cuando Reed dice que el antirracismo es una política de clase se refiere a dos aspectos estrechamente vinculados: la maniobra ideológica de los liberales durante la Guerra Fría y desde entonces, que separa raza de capitalismo, y la correspondiente tendencia política de esos mismos liberales –e incluso de algunos socialistas declarados– a priorizar la postura antirracista, sobre todo cosas como la demanda de reparaciones, por encima de políticas universales como las obras públicas y la desmercantilización de la vivienda y otras necesidades esenciales: políticas, en definitiva, que podrían beneficiar a la mayoría de la clase trabajadora.

Estas reformas socialdemócratas constituyen el terreno para construir una oposición popular aún más amplia al régimen carcelario, pero las maniobras de relaciones públicas y las inversiones de corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro y cohortes de activistas e investigadoras de BLM en plena rebelión por George Floyd han promovido alianzas público-privadas neoliberales y reformas incrementales. En junio de 2020, las grandes corporaciones repartieron más de 2.000 millones de dólares en apoyo a causas antirracistas. Apple comprometió 100 millones para la creación de una iniciativa de equidad y justicia racial. Warner, Sony Music y Walmart se comprometieron a aportar la misma cantidad cada una. YouTube anunció una iniciativa de 100 millones para promover voces mediáticas negras. Google se comprometió con 175 millones para apoyar el emprendimiento negro. Cientos de empresas publicaron contenido a favor de Black Lives Matter para el Blackout Tuesday. Después de que Breonna Taylor, técnica de emergencias médicas de 26 años, fuera abatida a tiros por la policía durante la ejecución de una orden de entrada sin previo aviso en Louisville, la magnate de los medios Oprah Winfrey financió la instalación de veintiséis vallas publicitarias con la imagen de Taylor en esa ciudad. Durante el verano de George Floyd, los servicios de streaming como Hulu, Netflix y Amazon Prime destacaron listas curadas de cine, series de televisión y documentales negros del modo en que normalmente se reserva al Mes de la Historia Negra. General Motors, Best Buy, Lyft, Amazon, Mastercard, la National Football League, Nike, Spotify y otras empresas concedieron a sus empleados un día festivo remunerado por Juneteenth, antes de que esa fecha se convirtiera en festivo federal oficial en 2021.

Losier y McQuade trazan una distinción excesivamente nítida entre los orígenes y el tono liberales de BLM y el ala más abolicionista a la que ellos se adscriben y admiran. Sin duda, hay diferencias estratégicas e ideológicas sustantivas entre los activistas de BLM, pero esta valorización del ala abolicionista oculta sus conexiones con las mismas redes de patronazgo y clientelismo responsables de la reproducción de BLM a escala nacional. Estas relaciones no comenzaron en medio de las protestas masivas de 2020 ni fueron, sin más, una instancia de cooptación. Desde el principio, BLM fue hijo de las redes sociales, de las campañas anticarcelarias preexistentes y de la munificencia de las fundaciones, y esos vínculos se reforzaron con la filantropía corporativa que provocó el asesinato de George Floyd. La Open Society Foundation, a través de sus Soros Justice Fellows, la Marguerite Casey Foundation con su programa Freedom Scholars y la MacArthur Foundation con su Abundance Movement, entre otras, han aportado capital semilla, redes de contactos, becas lucrativas y subvenciones a académicos, activistas, periodistas y organizaciones de base que se mueven en el medio BLM-abolicionista. Estas relaciones han sido tan habituales y extensas que no sería hiperbólico concluir que el abolicionismo es una forma de socialismo de fundación: un proyecto nominalmente redistributivo que se siente cómodo promoviendo el fin de la policía y las prisiones pero que jamás pone en primer plano la abolición de la propiedad privada y la relación salarial, sobre todo porque no puede morder la mano filantrocapitalista que le da de comer. Losier, McQuade y cualquiera con conexiones con las organizaciones de BLM y la izquierda abolicionista son perfectamente conscientes de este clientelismo, pero supongo que señalar esa convivencia confortable entre estas fuerzas supuestamente de izquierda y la cara amable de la clase dominante es reduccionismo de clase.

A medida que la neoliberalización ha ido vaciando el viejo Estado del bienestar, el complejo humanitario-corporativo se ha vuelto cada vez más poderoso e influyente en la vida estadounidense, sobre todo como mecanismo para abordar problemas sociales como la pobreza, las desigualdades educativas, la vivienda y el sinhogarismo, y el encarcelamiento masivo. Organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones filantrópicas y fuerzas corporativas se han precipitado a capitalizar el espacio, asumiendo la provisión de bienes antes públicos como la sanidad, la vivienda y la educación. Este problema se vio especialmente agudizado en lugares como Nueva Orleans durante el desastre del Katrina, donde las organizaciones sin ánimo de lucro desempeñaron un papel desmesurado en la recuperación y reconstrucción de la ciudad y contribuyeron a facilitar el cierre del hospital Big Charity, la demolición de las unidades de vivienda pública aún en pie y la transformación del distrito escolar público de la ciudad en el primer sistema enteramente charter del país (Arena, 2012; V. Adams, 2013; C. Johnson y French-Marcelin, 2025; C. Johnson, 2011). Black Lives Matter emerge en este contexto de neoliberalización, y las creadoras del hashtag, numerosas figuras de proyección nacional surgidas de Ferguson y de otras protestas, así como algunas iniciativas locales de justicia restaurativa, están íntimamente conectadas con el complejo humanitario-corporativo. Esto no significa que todo lo que hacen las y los activistas vinculados a las organizaciones sin ánimo de lucro sea reprochable o esté manipulado; al contrario. La explosión de esta tendencia no refleja captura ni mala fe, sino un alineamiento liberal práctico. Y aun así: dado el modo en que las organizaciones sin ánimo de lucro, los individuos ricos y las fundaciones filantrópicas han contribuido a profundizar la neoliberalización, ¿por qué cabría esperar que estos vínculos financieros y organizativos produzcan algo siquiera parecido a una política anticapitalista real?

¿Qué hay que deshacer?

Inspirado por quienes abogan por desfinanciar a la policía, llamé a una redistribución todavía más sustancial. En lugar de centrarse exclusivamente en los presupuestos policiales, sostuve que la ciudadanía debería disputar las cuantiosas inversiones públicas en el desarrollo del sector privado que se han normalizado y se dan por descontadas para corporaciones y promotores inmobiliarios bajo la neoliberalización: financiación por incremento fiscal, exenciones tributarias, cesiones de suelo, infraestructuras financiadas con fondos públicos, protección policial y antiincendios, modificaciones de zonificación, etcétera. Mi razonamiento era doble: desfinanciar a la policía no contaba con apoyo mayoritario durante el verano de George Floyd, y todavía menos al cierre de este texto, y los presupuestos policiales no son la única carga sobre el erario público que habría que poner en cuestión si aspiramos a abordar la desigualdad social profunda. Algunos han leído de forma poco generosa las partes especulativas y prescriptivas de Tras Black Lives Matter, como si las pocas estrategias políticas que propongo se ofrecieran a modo de panacea, en lugar de como una invitación al pensamiento colectivo. Estos problemas, al fin y al cabo, se resolverán en las calles, en los plenos municipales, en los parlamentos estatales y, ojalá, en el Congreso, esto es, a través de los procesos más amplios de movilización política, construcción de coaliciones y elaboración de políticas. Mi objetivo era ofrecer algunas soluciones provisionales que se hicieran cargo de la desigualdad estructural y que tuvieran algún precedente histórico contrastado.

Me incliné por unas obras públicas financiadas y gestionadas desde el Estado por el enorme impacto que esa estrategia tuvo durante los años de la Depresión, y por cómo programas como el Civilian Conservation Corps y el Works Progress Administration –con su Federal Writers Project– nos ofrecen un atisbo de cómo el trabajo organizado fuera del afán de lucro puede producir bienes públicos y un valor social más amplio. La mayoría de los estadounidenses que viven hoy solo han conocido la versión privatizada de las obras públicas que el gobierno federal adoptó tras la Segunda Guerra Mundial, una estrategia en la que el Estado adjudica contratos a empresas privadas para construir infraestructuras, transporte, vivienda y otros proyectos. Tras Black Lives Matter defiende la expansión del salario social y la desmercantilización de necesidades humanas básicas como la sanidad, la educación, los cuidados de personas dependientes, el transporte y la vivienda, con el fin de reducir drásticamente la desigualdad, la precariedad y la alienación que definen nuestra sociedad actual. Aunque hoy es habitual que muchos arruguen el ceño ante la propuesta de políticas universales, en lugar de focalizadas, para abordar la desigualdad, yo nunca he visto ambas aproximaciones como incompatibles. Más aún: los intentos de poner en marcha políticas universales no están condenados de manera inevitable por el racismo o por otras formas de prejuicio en el plano administrativo. No fue así en los proyectos de obras públicas del periodo de la Depresión, que estaban integrados, y no debería serlo unos noventa años después.

Mi decisión de centrarme en el área metropolitana de Chicago y en soluciones a escala metropolitana derivó de mi propia residencia en Chicago y del estatuto de la ciudad como centro progresista del activismo de BLM, además del crudo contexto político en que terminé el libro: los años finales del primer mandato de Trump y el inicio de la presidencia de Biden. Ninguna de aquellas dos administraciones inspiraba confianza en las posibilidades de unas obras públicas de alcance nacional, ni de cualquier otra política social progresista. Nuestro momento político actual es desmoralizador, por decir poco, pero hay señales de posibilidad por todo el país. Junto a las protestas populares contra las redadas de ICE y contra la guerra de Estados Unidos en Irán, la elección de socialistas democráticos y progresistas de izquierda en distintos puntos del país ha sido inspiradora y, como han señalado tantos, la política local puede servir de laboratorio y de campo de pruebas para la política nacional. Como deja claro Joseph G. Ramsey, una aproximación estatal progresista podría tener un impacto doble: «abolir la precariedad inmediata que caracteriza la vida de quienes están confinados en la “población excedente de un sistema capitalista”», y «contribuir a mitigar la inseguridad psicológica y social y las actitudes antiurbanas que vuelven amplios sectores de la población estadounidense –incluidos sectores de las clases trabajadoras y “medias”, atravesando raza y etnicidad– susceptibles a temores genuinos al delito (también inflados por los demagogos), y, por tanto, a apoyar la fuerza “estabilizadora” del poder policial existente o ampliado, pese a sus abusos».

Desde la publicación de Tras Black Lives Matter ha habido experimentos importantes en las grandes ciudades del país que dan crédito al impacto social y económico potencial de unas obras públicas a escala metropolitana revitalizadas. A partir de 2022, el programa de embajadores del transporte de Los Ángeles contrató y formó a más de 300 ciudadanos para servir como guías públicos en la red ferroviaria de la ciudad. Las y los embajadores asisten a los usuarios, actúan como una fuerza desarmada para abordar las crisis que puedan surgir, realizan comprobaciones de bienestar, se coordinan con los servicios de emergencia y conectan a la población sin hogar con recursos sanitarios, de ayuda y de alojamiento. Más recientemente, el alcalde recién electo de Nueva York, Zohran Mamdani, apeló a la ciudadanía para que ayudase a retirar la nieve tras un histórico temporal de ciclón bomba en febrero de 2026. La ciudad contrató a más de 1.400 vecinos y vecinas para palear aceras, paradas de transporte y pasos de cebra a un salario de 30 dólares la hora. Estas iniciativas en Los Ángeles y Nueva York demuestran cómo unas obras públicas genuinas podrían atender demandas de empleo inmediatas y mejorar la calidad general de la vida urbana.

Weaver plantea preguntas importantes sobre la eficacia que podría tener esta estrategia de obras públicas para reducir el delito. «En primer lugar, aun asumiendo que Johnson tiene razón al sostener que la mayor parte del delito es función de las relaciones capitalistas neoliberales», pregunta, «¿podemos estar realmente seguros de que, si se garantizara un derecho a la ciudad justa por la vía de un programa masivo de obras públicas, el delito desaparecería?» «En segundo lugar, dado que la solución de Johnson es necesariamente de medio o largo plazo, ¿qué se podría hacer para garantizar la seguridad y/o la justicia en el ínterin?», continúa. «¿Debería desempeñar la policía algún papel en eso?»

En respuesta a la primera pregunta de Weaver: no creo que el delito desaparezca por completo en una ciudad como Chicago aunque se instituyera un programa de obras públicas amplio y eficaz. Todos los indicios históricos sugieren que el delito no comienza con el mundo moderno e industrial; tristemente, parece que la crueldad, el mal comportamiento y la violación de las reglas son endémicos a las sociedades humanas. Garantizar una seguridad económica universal puede, sin embargo, producir reducciones en los delitos de supervivencia y en parte de la violencia que persiste en algunas zonas de Estados Unidos. Mi reflexión sobre estas cuestiones se ha nutrido en parte de mis experiencias en ciudades como Toronto, Berlín, Buenos Aires y Tokio, entre otras: metrópolis con un salario social más generoso –sanidad pública de pagador único, transporte interurbano y público viable, etcétera– y con menos violencia, delito y desigualdad social profunda. Asimismo, me inspiraron las propuestas de desfinanciamiento de los departamentos policiales, que sugieren que invertir en las comunidades y en las necesidades humanas es una vía más eficaz y viable para producir seguridad pública que la propia policía. En el quinto capítulo discuto propuestas como Freedom to Thrive: Reimagining Public Safety and Security in Our Communities, redactada e impulsada por activistas del Black Youth Project 100, Law for Black Lives y el Center for Popular Democracy, así como Counter CAPs Report: The Community Engagement Arm of the Police State, escrita por McQuade y publicada por la organización We Charge Genocide (Johnson, 2023, pp. 251-254). Estas propuestas estuvieron entre las más prometedoras surgidas de la labor organizativa de Black Lives Matter, pero parecía que la demanda redistributiva había de ampliarse más allá de los presupuestos policiales hacia el proceso urbano más amplio de acumulación. Y, como he señalado más arriba, sin una constituencia popular, la abolición de la policía, las prisiones y el castigo mismo es un callejón sin salida político y una distracción respecto del logro del tipo de reformas socialdemócratas que parecen, pese al atolladero autoritario del presente, más al alcance.

Esto nos lleva a la segunda pregunta de Weaver, sobre el papel de la policía hacia adelante. Como he señalado en otros lugares, no creo que podamos separar la fuerza de la vida política (C. G. Johnson, 2023, pp. 32, 340-341; Jay, 2020). Dicho de otro modo: si en el futuro previsible vamos a vivir en sociedades organizadas a través del Estado-nación o de alguna forma análoga de autoridad territorial soberana basada en el imperio de la ley, parece que la aplicación de la ley seguirá siendo necesaria. De hecho, muchos de nosotros aspiramos a un contexto político con más aplicación de la ley, solo que donde sean delitos como el robo de salarios por parte de los propietarios, en lugar del hurto menor por parte de los desposeídos, los que se topen con la fuerza de la ley y del Estado. Como aludí al hablar de Toronto, Tokio y otras ciudades, la aplicación de la ley no tiene por qué parecerse a la que tenemos aquí, en Estados Unidos: militarizada, racista, impermeable a la presión pública, brazo armado de los intereses de la clase inversora. El carácter de la actividad policial refleja la naturaleza del orden social que se le encarga gestionar y reproducir. Nuestro orden social actual, ya antes de Trump 2.0, está definido por una desigualdad abominable; no sorprende, pues, que la policía adopte cualidades igualmente inhumanas. La aplicación de la ley podría tener un aspecto totalmente distinto, sin embargo, si tuviera la tarea de sostener un orden social justo. Rehacer la sociedad sobre líneas más humanas e igualitarias es, quizá, la mejor estrategia para cambiar la naturaleza de la policía. En este sentido, los abolicionistas de BLM han puesto el carro delante de los bueyes.

Tras años dando conferencias y entrevistas en podcasts sobre Tras Black Lives Matter, ha quedado claro que a muchos estadounidenses les cuesta pensar más allá del estado actual de las cosas en materia de policía. Incluso cuando ofrezco ejemplos de la historia estadounidense en los que la coerción y la fuerza estatales han sido necesarias para hacer avanzar la justicia social –como la ocupación militar del Sur que hizo posible la Reconstrucción Federal o el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de marshals federales contra los segregacionistas durante la batalla por acabar con Jim Crow–, la mayoría de los oyentes con compromisos profundos con BLM no consigue asimilar esos momentos históricos ni lo que nos dicen sobre la naturaleza contradictoria del poder estatal. Hay otros temas conexos, como la disponibilidad generalizada de armas de fuego y la prevalencia de tiroteos masivos, violencia doméstica y suicidios en Estados Unidos, que deben entrar en cualquier discusión sobre seguridad pública y aplicación efectiva de la ley.

Por último: los delitos castigados con más dureza en nuestra sociedad hoy son, por lo general, los delitos de supervivencia cometidos por los más desposeídos, no los grandes crímenes cometidos por el capital. Si abolimos la policía y las prisiones a corto plazo, ¿cómo arrestaremos, procesaremos y castigaremos a los traficantes sexuales, a los pederastas, a los inversores con información privilegiada, a los criminales de guerra, a los políticos corruptos, esto es, a la «clase Epstein»? Esta no es una pregunta retórica, sino la primera que hacen las personas, por lo demás simpatizantes y no entrenadas en debates académicos esotéricos, cuando se topan con las demandas de abolición. Si conseguimos una sociedad capaz de desmercantilizar las necesidades básicas y de expandir el salario social, ¿cómo la defenderemos de quienes quieran violar ese orden nuevo, más justo? Las protestas masivas contra las redadas de ICE, las marchas No Kings que han recorrido el país durante el último año, las distintas huelgas, boicots y manifestaciones, los medios de izquierda independientes, las movilizaciones locales contra los centros de datos de IA y la creciente oposición a la actual administración presidencial sugieren que, pese a la negrura del momento, los cambios progresistas siguen siendo posibles.

*Este artículo, junto con el simposio, se publicó originalmente en la web de Urban Affairs Review. Puede consultarse información sobre el simposio aquí.

Notas

[1] Para impugnar el enfoque materialista de Tras Black Lives Matter, Losier cita el prefacio de 2017 a Policing a Class Society, de Sidney Harring, como un correctivo a mi diálogo con ese libro, viniendo a sostener que, si Harring ha cambiado de parecer respecto del análisis de clase, yo debería hacerlo también. Losier cita favorablemente este pasaje de Harring: «El sistema de justicia penal entero, de arriba abajo, es racista, incluida la policía, los fiscales y los jueces, con la injusticia y la violencia marcándolo en cada etapa». Sin embargo, el pasaje está mal atribuido en la medida en que se trata de la elogiosa descripción que hace Harring del libro de Michelle Alexander, The New Jim Crow. Por lo demás, el libro de ella y el respaldo de Harring podrían ser puestos en cuestión en varios frentes: el uso de la analogía del nuevo Jim Crow está lastrado por su foco raciocéntrico y no nos ofrece un retrato cabal de la demografía carcelaria ni de los motivos históricos que explican su rápida expansión. Más aún, la afirmación de Harring de que «ni la ley ni el orden político han abordado» los problemas de la disparidad racial dentro del sistema penitenciario está sobredimensionada y queda falsada por el descenso bien documentado de la población carcelaria masculina negra entre 2000 y 2021, en algún punto entre el 44 % y el 48 %. No me impresiona ni me convence el mea culpa de Harring. En el mejor de los casos, parece una estrategia de marketing editorial y un intento de vender la pertinencia de un libro marxista más antiguo en tiempos nuevos, cuando tantos activistas y académicos descartan el análisis de clase por anticuado y «reduccionista».

[2] Incluso después de la Rebelión de Bacon, la codificación legal de las categorías raciales no era un asunto cerrado en el derecho, en el trabajo ni en la vida social cotidiana. De igual modo, incluso en Virginia y los estados vecinos, la esclavitud no era una cuestión zanjada, ni lo era la primacía de la raza como justificación del trabajo forzado africano o como medio de identificación para los miles de trabajadores a lo largo de la costa oriental. Cuando los americanos protestaron y se amotinaron, en número creciente, contra los aranceles injustos impuestos por la corona británica, lo hicieron las más de las veces como una multitud multiétnica. Comentando los disturbios de Boston y Nueva York, John Adams reprendió a la turba como una «chusma abigarrada de chicos descarados, negros y mulatos, teagues irlandeses y Jack Tarrs extranjeros», una descripción que refleja, sin duda, sus propios prejuicios étnicos y su desprecio de clase, pero no necesariamente la visión que de sí mismas tenían las clases trabajadoras interraciales. Otros, como James Madison, fueron igualmente contradictorios: se oponían a la esclavitud en abstracto pero poseían esclavos y, como Adams, temían tanto las rebeliones de esclavos como el espectro de la «tiranía de la mayoría», es decir, una democracia genuina en la que las élites gobernantes pudieran verse sobrepasadas por los desposeídos.

Unos setenta años después de la Rebelión de Bacon encontramos a Jefferson tratando activamente de fabricar justificaciones para la esclavitud al divagar sobre las capacidades físicas e intelectuales de los esclavizados, su temperamento y su supuesto olor corporal, todo ello arraigado en sus observaciones interesadas y en la pseudociencia ascendente de la época. Más aún: incluso cuando Notes on the State of Virginia de Jefferson se afanaba por una exposición «científica» sobre las razas, pocas personas en aquel tiempo, salvo en los salones de plantadores y artesanos acaudalados, habrían discutido el mundo en términos raciales tan simples como blanco y negro. Incluso tras la ratificación de la Constitución de 1789, que no menciona la esclavitud por nombre y, sin embargo, la legitima, el mundo antebellum estuvo definido por una combinación de justificaciones políticas e ideológicas, así como por la ley y la fuerza bruta; el racismo formaba parte de esa mezcla, ciertamente, pero deberíamos guardarnos de exagerar su universalidad y su hegemonía. En la misma línea, lejos de ser un mundo de blancos y negros, las legiones de migrantes europeos y caribeños que llegaban a las ciudades costeras estadounidenses, la presencia de toda clase de grupos «racialmente mestizos» –los seminolas de Florida, los lumbee del Carolina Tidewater, los melungeons de los Apalaches, los Redbones del área del río Sabine, las gens de couleur libres en la colonia de Luisiana, los negros libres en posiciones similares en ciudades portuarias como Charleston y en los estados y territorios no esclavistas, así como la presencia ubicua e incómoda de la descendencia de los plantadores con mujeres esclavizadas–, todo ello obliga a una perspectiva más matizada sobre la cuestión. Véase James Oakes, The Ruling Race: A History of American Slaveholders, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1982.

[3] McQuade evoca con simpatía el pasaje sobre los «salarios de la blancura» de W. E. B. DuBois en Black Reconstruction, pero esta tesis sobreutilizada no resulta especialmente útil. En otro lugar he discutido las limitaciones de las observaciones puntuales de DuBois sobre la caída de la Reconstrucción y cómo se han convertido en una afirmación transhistórica dentro de los Whiteness Studies, así que no insistiré aquí. Lo que sí cabe decir es que la idea de que los trabajadores blancos eran recompensados con un salario «social y psicológico» en virtud de su identidad racial está sobredimensionada y resulta empíricamente falsa cuando nos paramos a mirar el grano fino de la historia. Los aparceros blancos empobrecidos superaban en número a los aparceros negros en la época de Black Reconstruction, y también ellos quedaron excluidos de la Social Security Act de 1935, que dejó fuera a 27 millones de trabajadores blancos en todo el país. Véase Touré F. Reed, Toward Freedom: The Case Against Race Reductionism, Verso, Nueva York, 2020; Cedric Johnson, «The Wages of Roediger: Why Three Decades of Whiteness Studies Have Not Produced the Left We Need», Nonsite, 9 de septiembre de 2019.

[4] Como he señalado en otra ocasión: «Durante décadas, las apelaciones neoconservadoras a Dios, patria y capital funcionaron bien para asegurar victorias electorales republicanas, pero esa designación ocultaba fracturas entre quienes profesaban un fundamentalismo de mercado más profundo que su devoción religiosa, su nacionalismo o su nostalgia por los valores de la familia patriarcal». Véase Cedric G. Johnson, ed., Neoliberal Deluge: Hurricane Katrina, Late Capitalism and the Remaking of New Orleans, University of Minnesota Press, Mineápolis y Londres, 2011, pp. xxiii-xxiv.

[5] La interpretación predominante según la cual el éxito de Trump en las elecciones de 2016 se debió al apoyo de la «clase trabajadora blanca» no estaba respaldada por los hechos. Los trabajadores blancos supusieron el 30 % de su base electoral aquel año. Algunas de estas afirmaciones persistentes se basan en datos y supuestos defectuosos, en particular, en la tendencia a usar la falta de educación universitaria como indicador de pertenencia a la clase trabajadora. Esa definición operativa puede tener sentido para la investigación de opinión pública, pero arroja muy poca luz sobre cómo se vive realmente la clase como relación social. Es perfectamente posible, por ejemplo, que alguien con el bachillerato –o incluso sin terminarlo– adquiera, mediante formación profesional o un apprenticeship, un oficio cualificado en la construcción, viva en un pueblo pequeño de cualquier estado y lleve un estilo de vida de clase media en cuanto a capacidad de consumo y posesiones materiales. El mismo proceso puede darse en una familia de albañiles o de mecánicos del automóvil, donde una descendencia sin estudios formales más allá del bachillerato logra asegurarse un trabajo estable, un estatus social relativo y cierta seguridad económica. Conviene recordar también que los insurrectos del 6 de enero de 2021 que asaltaron el Capitolio para tratar de interrumpir la certificación de los votos del Colegio Electoral eran en gran medida veteranos militares, profesionales, empresarios y proto-emprendedores, profundamente comprometidos con el desempeño trumpista del jefe sin disculpas.

[6] Connor Kilpatrick ofreció uno de los mejores análisis críticos de este fenómeno. Véase Connor Kilpatrick, «Burying White Workers», Jacobin, 13 de mayo de 2016; J. D. Vance, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, Harper, Nueva York, 2016.

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Tras Black Lives Matter

por Cedric G. Johnson

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