Los espectros de la soberanía
En el 85 cumpleaños de Kojin Karatani, uno de sus editores reflexiona sobre sus escritos relacionados con la soberanía y sobre cómo se expresa en el actual proyecto imperial estadounidense.
El filósofo y crítico literario Kojin Karatani cumplió 85 años hace pocos días. Su último libro, The End of Modern Literature: On Permanent Revolution, se publica en inglés este mismo mes. Mientras tanto, su obra más ambiciosa, The Structure of World History: From Modes of Production to Modes of Exchange [Estructura de la historia del mundo, El Viejo Topo, Barcelona, 2023] –que tuve el privilegio de editar para Editora Machado– ha sido traducida al portugués y debería llegar a los lectores brasileños en los próximos meses.
Los dos libros de Karatani llegan en un momento oportuno. Las acciones recientes de los Estados Unidos de Donald Trump –el secuestro de Nicolás Maduro, los ataques contra Irán, las guerras arancelarias lanzadas contra varios países y, sobre todo, la designación de organizaciones criminales de distintos países como grupos terroristas, además de la aplicación de esa misma etiqueta a organizaciones de izquierda que operan dentro de los Estados Unidos– han creado un precedente peligroso para justificar las intervenciones militares estadounidenses en Estados soberanos. Hemos visto esta película antes, en la era Bush y en los tiempos de la guerra contra el terror. Pero todo indica que esta nueva oleada de intervencionismo golpeará con mucha más fuerza y violencia.
Visto así, resulta llamativo que la obra de Kojin Karatani, ya en la vejez de su autor, se revele como una herramienta poderosa para abordar preguntas que ocupan el pensamiento de Karatani desde su juventud. Cuando ingresó en la Universidad de Tokio en 1960, las protestas contra la revisión del Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón (conocido como «Anpo») estaban en su apogeo; todavía hoy se las recuerda como una de las mayores movilizaciones de masas de la historia japonesa. El detonante inmediato de las manifestaciones fue el tratado que formalizaba la subordinación estratégica y militar de Japón a los Estados Unidos dentro del orden de posguerra. Pero Anpo planteaba también una inquietud más amplia: ¿qué quedaba de la soberanía japonesa bajo la tutela del ejército estadounidense? Era, al fin y al cabo, un acuerdo asimétrico, firmado entre Estados formalmente independientes cuyos recursos económicos y militares eran, en aquel momento, enormemente desiguales. Los manifestantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes de izquierda como Karatani, se enfrentaban no solo a las políticas del gobierno japonés, sino también a la distancia entre soberanía estatal, soberanía nacional y soberanía popular. Podríamos decir que Japón asistía a una lucha política entre concepciones rivales de la soberanía.
Sería engañoso convertir este episodio en un mito originario, como si la teoría de Karatani sobre capital, nación y Estado –que solo se formalizaría décadas después– estuviera ya contenida en las calles del Tokio de 1960. Pero no es exagerado afirmar que la derrota del movimiento contribuyó a perfilar un conjunto de problemas que serían centrales en su obra. El fracaso de Anpo se interpretó a menudo como prueba de que al movimiento que lo rodeaba le faltaba una organización política centralizada capaz de dirigirlo. Karatani extrajo otra conclusión. En 1961 propuso una libre asociación de militantes que no estuviera subordinada a un partido centralizado. Cuatro décadas más tarde reconocería algo de esa intuición en el Nuevo Movimiento Asociacionista (NAM).
Resulta lamentable contemplar que, tras seis décadas, la cuestión de la soberanía haya resurgido con tanta fuerza de las entrañas del «fin de la historia». Si hay un espectro que recorre la política contemporánea, diría que es el espectro de la soberanía. O, mejor dicho, de las soberanías.
El retorno de la soberanía
En los últimos años, la soberanía ha reaparecido por todas partes. El regreso de Donald Trump al poder desempeñó sin duda un papel importante en ese resurgimiento, o en la intensificación del apetito de soberanía absoluta. Los aranceles, como sabemos, ya eran un elemento importante de la primera administración Trump. En su segundo mandato, sin embargo, adquirieron otra escala y otra centralidad. A partir de 2025, el gobierno presentó sus llamados aranceles recíprocos no como meros instrumentos de política comercial, sino como un medio para restablecer la industria, el empleo y la seguridad nacional de los Estados Unidos. El lenguaje de la soberanía económica se volvió prácticamente indistinguible del lenguaje de la guerra económica.
Las consecuencias fueron mucho más allá de China, el principal adversario del que hace gala el discursod e Trump. Países considerados tradicionalmente aliados se vieron obligados a responder con el mismo vocabulario. En marzo de 2025, el primer ministro canadiense Mark Carney afirmó que las negociaciones con Trump solo se producirían cuando los Estados Unidos demostraran que su presidente iba a «respetar la soberanía de Canadá y estar dispuesto a mantener unas conversaciones comerciales amplias, porque los estadounidenses van a sufrir la guerra comercial de Trump». Y añadió que no habría conversaciones con Trump «hasta que consigamos el respeto que merecemos como nación soberana».
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva convirtió la soberanía en un elemento central de su respuesta a los aranceles, a las sanciones contra autoridades brasileñas y a los intentos de la administración Trump de interferir en decisiones de la judicatura brasileña. En un discurso pronunciado en vísperas del Día de la Independencia, en septiembre de 2025, Lula presentó la soberanía no como mera independencia territorial, sino como el derecho de Brasil a defender su democracia, regular las plataformas digitales y tomar decisiones políticas sin injerencias extranjeras. «No somos ni volveremos a ser la colonia de nadie. Somos capaces de gobernar y de cuidar nuestra tierra y nuestro pueblo sin la interferencia de ningún gobierno extranjero», declaró.
Y así, por primera vez en años, la izquierda brasileña pudo sacar la bandera nacional a la calle sin temor a que se confundiera con un apoyo a Jair Bolsonaro. La bandera que se había apropiado la extrema derecha volvió, al menos temporalmente, como símbolo de resistencia frente a una potencia extranjera. El episodio otorgó un nuevo impulso a la campaña de reelección de Lula. En las últimas semanas, con la guerra arancelaria de vuelta en los titulares, se están evaluando los posibles efectos de la medida del gobierno estadounidense. Pero una parte considerable de la población brasileña, según sondeos recientes, la ve como un intento de intervenir en las elecciones del país en favor de Flávio, el hijo de Jair Bolsonaro.
Cuando los aranceles empezaron a dominar la actualidad brasileña, la soberanía estaba siendo invocada también por otros actores, en un contexto muy distinto. El 28 de octubre de 2025, unos 2.500 agentes de policía entraron en los complejos de Penha y Alemão, en la Zona Norte de Río de Janeiro, para llevar a cabo una operación contra el Comando Vermelho. El recuento oficial final registró 121 muertos, entre ellos cuatro policías y dos adolescentes. Fue la operación policial más letal de la historia de Brasil. Los principales líderes a los que apuntaba la operación no fueron abatidos ni capturados.
Tras la operación, las autoridades del estado de Río y buena parte de la prensa brasileña describieron la masacre con el lenguaje de la guerra. Felipe Curi, entonces secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, sostuvo que lo que la policía tenía enfrente ya no era simplemente un problema de seguridad pública, sino una «guerra irregular y asimétrica», un asunto de defensa nacional y de soberanía. Un editorial de O Globo, uno de los diarios de mayor tirada de Brasil, argumentó que esa afirmación no podía descartarse sin más.
Como observó más tarde el periodista Fernando Barros e Silva en un artículo para Revista Piauí, este argumento coincidió con la campaña para clasificar al Comando Vermelho como organización narcoterrorista, una propuesta impulsada por el gobierno estadounidense y respaldada después por políticos de extrema derecha en Brasil. Lo que era una mera posibilidad se hizo realidad en junio de este año. Los Estados Unidos, en efecto, designaron tanto al Comando Vermelho como al Primeiro Comando da Capital organizaciones terroristas extranjeras, creando un precedente legal y político para operaciones encubiertas o militares en suelo brasileño.
Si, por un lado, el Estado brasileño invocaba la soberanía nacional como forma de defenderse de la injerencia estadounidense, las fuerzas del orden apelaban a la soberanía para instaurar una suerte de estado de excepción temporal y atacar a las organizaciones criminales, dejando víctimas civiles a su paso –como ocurre tantas veces en esas operaciones cuando los derechos humanos se apartan en nombre de la represión– y dejando muchas preguntas sin respuesta. La retórica del «narcoterrorismo», que circulaba por los pasillos de la Casa Blanca en ese mismo periodo, añadió una forma más de soberanía al brebaje imperialista.
Lo que ha vuelto no es la soberanía en singular, sino un conflicto entre distintas concepciones de soberanía. La soberanía que reclama un Estado imperial, la soberanía defensiva que invocan los Estados sometidos a su presión, la soberanía popular que los gobiernos dicen representar y los poderes soberanos de facto que el crimen organizado ejerce dentro de los Estados. Estas formas a veces se oponen entre sí, a veces se solapan y a veces producen alianzas inesperadas y peligrosas.
Y esto no se ha limitado a Brasil: representa un giro en la relación de los Estados Unidos con América Latina. El secuestro de Maduro es sintomático en este sentido. Pero hay otros ejemplos. En Paraguay, en el mismo periodo, un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA) aprobado por el parlamento estableció un marco legal que facilitaba la ampliación de la presencia temporal de militares estadounidenses al concederles una suerte de «inmunidad diplomática» que los pone a salvo de cualquier sanción de las autoridades paraguayas. Para ellos, solo la Constitución estadounidense es soberana.
No se trata, por tanto, de decir simplemente que la idea de soberanía ha vuelto. Ni de cuestionar el uso supuestamente inconsistente de la palabra. Lo que ha vuelto no es la soberanía en singular, sino un conflicto entre distintas concepciones de soberanía. Está la soberanía que reclama un Estado imperial, la soberanía defensiva que invocan los Estados sometidos a su presión, la soberanía popular que los gobiernos dicen representar y los poderes soberanos de facto que el crimen organizado ejerce dentro de los Estados. Estas formas a veces se oponen entre sí, a veces se solapan y a veces producen alianzas inesperadas y peligrosas.
¿Qué hace de la soberanía una noción tan difusa, capaz de movilizarse en contextos tan distintos? ¿Qué diferencia hay entre la soberanía definida en términos abstractos y la manera en que se ejerce en la práctica? Una vía útil para empezar a responder a estas preguntas quizá sea volver a los orígenes del concepto de soberanía, que están en el surgimiento de las monarquías absolutas europeas y en la consolidación del Estado-nación moderno. La teoría de los modos de intercambio de Karatani resulta particularmente valiosa en este punto, precisamente porque permite separar lo que suele percibirse como una unidad dentro de la «soberanía nacional».
Capital, Estado y nación
La obra política más sistemática de Karatani, The Structure of World History, propone una reinterpretación de la historia de las formaciones sociales a través del concepto de modos de intercambio, que considera más adecuado que el de modos de producción. Para Karatani, las diversas formaciones sociales que han existido a lo largo de la historia pueden entenderse como combinaciones de tres modos de intercambio distintos, siempre bajo el dominio de uno de ellos: uno basado en el intercambio recíproco (modo A), otro en el saqueo y la redistribución (modo B) y otro en el intercambio equivalente de mercancías (modo C). Dicho de forma muy esquemática, podríamos decir que el primero opera según la lógica de la afinidad, el segundo según la lógica de la propiedad o del contrato, y el tercero según la lógica del valor. En la disposición moderna, estos modos corresponderían, respectivamente, a la nación como comunidad imaginada, al Estado como contrato social y al capital como mercado. Juntos, para Karatani, forman un nudo borromeo bajo el dominio del último. Sin entrar demasiado en la dinámica de los modos, propongo que miremos aquí más de cerca lo que Karatani llama modo B, que en la modernidad corresponde al Estado: quizá pueda ayudarnos a deshacer la maraña de la soberanía descrita más arriba.
Para Karatani, el modo B comienza con la dominación de una comunidad por otra. Para que la dominación perdure, el conquistador no puede limitarse a destruir a la población conquistada. Debe protegerla de otros conquistadores, imponer un orden y devolver una parte de los recursos extraídos mediante obras públicas, infraestructuras, ceremonias u otras formas de redistribución. Los gobernados reciben protección y orden a cambio de obediencia y tributo. Estamos, por tanto, en territorio hobbesiano, y es aquí donde encontramos el prototipo del Estado. Es cierto que el Estado depende de la violencia, pero no puede sostenerse solo mediante la violencia. Para consolidarse y preservarse, debe combinar dominación y protección, saqueo y redistribución. El monopolio de la violencia prohíbe que otros actores la ejerzan, mientras que la función redistributiva confiere a ese monopolio cierto grado de legitimidad.
Para Karatani, como hemos dicho, la sociedad capitalista se caracteriza por una combinación de tres modos de intercambio bajo el dominio del modo C, o lógica del valor. Aun así, el intercambio de mercancías no elimina el Estado ni la nación (o comunidad imaginada). Más bien los reorganiza dentro del complejo Capital-Estado-Nación. El capitalismo, dominante dentro de ese complejo, disuelve las comunidades tradicionales y produce desigualdad de manera continuada. La nación promete restaurar, en el plano de la imaginación y de la pertenencia política, la solidaridad destruida por el intercambio de mercancías. El Estado, por su parte, aparece como el agente que interviene mediante los impuestos, la regulación, los derechos sociales y la redistribución para impedir que las desigualdades generadas por el capital destruyan la propia formación social. Esto, por supuesto, ocurre cuando los tres anillos del nudo borromeo funcionan en perfecta armonía. Como veremos, rara vez es así en la periferia del capitalismo y, hoy, cada vez menos en su centro.
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El capital, el Estado y la nación, según la teoría de Karatani, operan según principios distintos, pero compensan mutuamente sus contradicciones. De ahí la imagen del nudo borromeo: tres anillos enlazados de tal modo que retirar cualquiera de ellos libera a los otros. La inseparabilidad, sin embargo, no significa ajuste, puesto que cada elemento de la tríada posee su propia capacidad de acción: cada elemento posee su propia base material, su propia lógica y su propio modo de ejercer el poder.
Esto es lo que da a la política moderna su aire de fatalidad. Una crisis surgida en uno de los elementos no puede resolverse de manera inmanente, sin recurrir a los demás. En lugar de resolverse, las crisis se desplazan. Unas veces se llama al Estado a salvar al capital; otras se moviliza a la nación para legitimar al Estado; otras el capital financia o disciplina al Estado cuya soberanía supuestamente lo regula. Ninguna acción aislada, sin embargo, puede deshacer este nudo.
La teoría de los modos de intercambio permite, por tanto, formular una pregunta más precisa sobre el retorno de la soberanía. ¿Qué elemento del nudo falta cuando se invoca la soberanía? ¿Es el Estado que reclama autonomía en relación con otros Estados? ¿Es la nación que exige que el Estado represente a una comunidad imaginada? ¿Es el capital que exige la protección de un mercado nacional? ¿O es que la soberanía la ejercen actores que no coinciden con ninguna de estas formas?
La soberanía y el exterior
La soberanía moderna suele asociarse a la consolidación del Estado centralizado en Europa. La teoría de Jean Bodin surgió en estrecha relación con el crecimiento del poder monárquico, aunque en su formulación la soberanía no quedaba conceptualmente restringida a la monarquía. Se refería a una autoridad suprema y duradera, capaz de legislar por encima de las jurisdicciones, los privilegios y los poderes de los cuerpos y corporaciones que competían entre sí dentro de un territorio. Hacia dentro, esto significaba que el Estado se situaba por encima de las autoridades rivales. Hacia fuera, significaba independencia respecto de otros Estados, así como de cualquier poder imperial. Como señala Karatani, estas dos dimensiones no pueden separarse. Un Estado centraliza el poder internamente en parte porque se enfrenta a otros Estados en el exterior.
Es en este punto donde la soberanía difiere del gobierno. Visto desde dentro de un país, el Estado aparece como un campo atravesado por conflictos entre clases, partidos, instituciones, regiones y grupos sociales. Cuando se enfrenta a otro Estado, en cambio, se nos presenta como un sujeto unificado. La guerra, por tanto, no es simplemente una de las actividades que realizan los Estados soberanos: es el momento en que la autonomía del Estado se revela con mayor claridad. En la guerra, el Estado puede exigir sacrificios a la nación, subordinar a los actores económicos y suspender las reglas ordinarias que rigen su política interna.
Esto no significa, sin embargo, que en tiempos de guerra un Estado consiga siempre unificar a la nación o controlar al capital. A menudo es el carácter fracturado del Estado-nación –la distinción entre soberanía estatal, soberanía nacional y soberanía popular– lo que se hace visible en tiempos de crisis. En esos casos se hace evidente que el Estado posee un interés y una voluntad que no pueden reducirse a la voluntad de la población. Puede hacer la guerra en nombre de la nación mientras actúa contra los intereses de buena parte de esa misma nación. Puede afirmar que protege a la población mientras expone a la muerte a sectores concretos de ella. Puede defender al capital nacional mientras sacrifica trabajadores, territorios y recursos públicos.
El retorno de la soberanía debe analizarse, por tanto, no como el retorno de un sujeto político unificado, sino como un intento de superar las distancias crecientes entre capital, Estado y nación o, dicho de otro modo: de lidiar con el desajuste entre los tres elementos del nudo borromeo moderno.
Soberanía imperial
El trumpismo suele describirse como nacionalista y aislacionista. Esa descripción solo es parcialmente correcta. Trump rechaza muchas de las instituciones multilaterales por las que operó el poder estadounidense en la posguerra. Pero el rechazo del multilateralismo no implica el rechazo del imperio. De hecho, puede representar simplemente un intento de ejercer el poder imperial de forma más directa, sin los costes ni las obligaciones recíprocas que imponen las instituciones internacionales.
Los aranceles, las sanciones y las amenazas militares forman parte de este proyecto. Buscan transformar la posición desigual de los Estados Unidos dentro del sistema global en un derecho explícito a determinar la conducta de otros Estados. Algunas de las acciones de Trump se dirigen hacia fuera: las guerras arancelarias, los ataques a las instituciones internacionales, la presión sobre Canadá y Brasil, las amenazas contra Groenlandia y la operación militar en Venezuela. Otras se dirigen hacia dentro: la ampliación de los poderes de las fuerzas del orden federales, las deportaciones masivas, la militarización de la política migratoria y los intentos de subordinar a las instituciones capaces de limitar el poder ejecutivo. Estos movimientos son complementarios.
¿Podrá realmente el Estado estadounidense subordinar al capital, unificar a la nación e imponerse a los Estados rivales? La respuesta dista de ser obvia, pero el desarrollo de muchas de las iniciativas emprendidas por el gobierno estadounidense parece sugerir que no.
La categoría de narcoterrorismo resulta especialmente útil a este respecto. Cuando se clasifica a una organización criminal como terrorista, la frontera entre la investigación criminal y la confrontación militar se difumina. El enemigo ya no es simplemente alguien que ha infringido la ley y al que hay que procesar. Pasa a ser una organización armada frente a la cual el Estado puede reclamar los poderes excepcionales asociados a la guerra, tanto dentro como fuera del territorio de los Estados Unidos.
En este sentido, el trumpismo expresa un deseo de soberanía: el deseo de restaurar la capacidad del Estado estadounidense de imponer su voluntad dentro y fuera de sus fronteras o de ejercer, de manera cada vez más expansiva, las presuntas prerrogativas de su imperio. A este respecto, las protestas contra Trump que popularizaron el lema «No Kings» («Sin reyes») parecen partir de un diagnóstico correcto, por anacrónico que pueda parecerle a un observador poco atento.
Sin embargo, esta voluntad de absolutismo no es en sí misma absoluta. La pregunta que cabría hacerse es: ¿podrá realmente el Estado estadounidense subordinar al capital, unificar a la nación e imponerse a los Estados rivales? La respuesta dista de ser obvia, pero el desarrollo de muchas de las iniciativas emprendidas por el gobierno estadounidense parece sugerir que no.
La guerra arancelaria, por ejemplo, ha puesto de manifiesto una y otra vez la dependencia de las empresas estadounidenses respecto de las cadenas internacionales de producción. Con frecuencia, las políticas anunciadas como una rebelión contra el capital global acaban subordinándose a fracciones concretas del capital, en especial a las industrias tecnológica, financiera, energética y armamentística. El trumpismo, en este sentido, no queda fuera de los límites establecidos por la tríada Capital-Estado-Nación. Busca reorganizar el equilibrio interno de este nudo a favor del Estado, pero lo hace sin dejar de depender del capital y apelando a una nación profundamente dividida. Su aparente absolutismo puede ser, por tanto, menos la restauración de un Estado soberano que una escenificación de la soberanía en condiciones en que ningún Estado puede controlar plenamente los flujos de capital, tecnología, información y mercancías de los que depende. Esto no vuelve inofensiva la escenificación. Un deseo de soberanía, aun frustrado, puede producir –y ha producido– guerras, masacres y autoritarismo.
Soberanía defensiva
La apelación a la soberanía que hacen los países sometidos a la presión estadounidense no puede situarse en el mismo plano que la soberanía imperial de los Estados Unidos. Cuando Lula, por ejemplo, defiende el derecho de Brasil a regular las plataformas digitales, a proteger su judicatura o a dirigir sus propias relaciones exteriores, está invocando un principio genuino de igualdad internacional: un Estado que no puede rechazar las sanciones, los aranceles o las órdenes de un Estado más poderoso solo es soberano en un sentido formal. Que la izquierda brasileña reivindicara la bandera nacional, en respuesta a las repercusiones negativas de los aranceles, no fue por tanto un acto meramente teatral. Fue en la práctica una manera de defender políticas adoptadas por un Estado soberano frente a los ataques resultantes de la colaboración entre una potencia imperialista y sectores de la extrema derecha brasileña –en particular, la relación cada vez más estrecha y servil de la familia Bolsonaro con Donald Trump.
Esta soberanía defensiva, sin embargo, está también plagada de contradicciones. Es posible defender la soberanía nacional en las negociaciones con los Estados Unidos y hacer al mismo tiempo concesiones, por ejemplo, al agronegocio, a las empresas mineras o a los inversores extranjeros. El desafío del gobierno brasileño a una potencia extranjera puede convivir con su sumisión al capital nacional, que por regla general no coincide con los intereses de la población. La soberanía nacional puede defenderse, por tanto, para preservar un modelo de desarrollo que superexplota a los trabajadores precarios, amenaza a las comunidades indígenas y, día tras día, hace avanzar el exterminio silencioso de la población negra que vive en las periferias urbanas.
Aquí reside la diferencia entre soberanía nacional y soberanía popular. La soberanía nacional atañe a la autonomía de un Estado en relación con otros Estados; la soberanía popular, en cambio, se refiere a la capacidad de una población para determinar sus propias acciones y organizar su vida colectiva. La coincidencia entre ambas, sin embargo, es mucho más rara de lo que muchos teóricos de la democracia liberal querrían hacernos creer. Y desde luego no se lleva a cabo sin lucha.
La díada que forma el Estado-nación moderno tiende a ocultar estas contradicciones al presentar la sociedad como una comunidad dotada de un interés común. La teoría de Karatani nos ayuda a reconocer tanto la necesidad política como los límites de esa operación. El mismo nacionalismo capaz de unir a un pueblo contra la agresión imperial puede encubrir diferencias importantes entre representantes y representados dentro de una democracia. Por no hablar de las diferencias entre quienes mandan y quienes obedecen, entre quienes explotan y quienes son explotados, entre quienes viven y quienes mueren.
Soberanía criminal
El caso más difícil es el de las organizaciones armadas descritas como agentes que ejercen soberanía dentro del territorio del Estado. Hay una parte de verdad en la expresión «Estado paralelo», empleada con frecuencia en Brasil para describir el poder de los grupos del narcotráfico y de las milicias (grupos paramilitares que extorsionan a las poblaciones periféricas, supuestamente a cambio de protección y servicios). Pero, en la práctica, el asunto es más profundo. Las organizaciones criminales como el Comando Vermelho, el PCC o las milicias, allí donde operan, rara vez sustituyen por completo al Estado. Su autoridad coexiste e interactúa a menudo con las fuerzas policiales, los políticos locales, los servicios públicos, los negocios legales, las instituciones religiosas y las organizaciones comunitarias.
No se trata exactamente de un Estado paralelo, sino de una estructura que unas veces desafía y otras complementa el monopolio estatal del uso de la fuerza. Puede verse, por ejemplo, en la correlación entre el control territorial de ciertas facciones y el descenso de las tasas de homicidios. La hegemonía del PCC en São Paulo es emblemática en este sentido. A la inversa, el aumento de la criminalidad en los estados del Norte y el Nordeste de Brasil guarda probablemente correlación con la intensificación de los conflictos, las disputas territoriales y las guerras entre facciones.
La descripción que hace Karatani del modo B resulta particularmente útil en este punto. Para él, un Estado empieza a tomar forma cuando el saqueo se transforma en una relación duradera de dominación que combina extracción, protección y redistribución. Las organizaciones criminales también extraen recursos, cobran cuotas, monopolizan mercados y castigan a quienes violan sus reglas. Pueden impedir ciertos tipos de robo, mediar en disputas domésticas y comerciales, imponer toques de queda u organizar formas de asistencia durante las emergencias. Estas prácticas no las convierten en organizaciones emancipadoras ni legítimas. Muestran, más bien, que la coerción por sí sola rara vez basta para sostener un poder territorial. La organización criminal lleva a cabo a veces una versión distorsionada del intercambio característico del modo B: se exigen obediencia y recursos a cambio de protección y orden. Su autoridad se hace posible allí donde el propio Estado está presente sobre todo a través de la violencia policial, el encarcelamiento y la extracción, y en cambio no proporciona protección, derechos ni servicios públicos fiables.
Sería un error, sin embargo, tratar al Comando Vermelho y al PCC como formas equivalentes. El poder del Comando Vermelho en Río de Janeiro –y, hoy, cada vez más en otros estados brasileños– tiene un carácter marcadamente territorial y abiertamente armado. Su control se asocia a comunidades concretas, a la exhibición abierta de fusiles de asalto, a la defensa de las vías de acceso y a los enfrentamientos frecuentes con la policía y con organizaciones rivales.
El PCC siguió un camino distinto. Surgió dentro del sistema penitenciario de São Paulo y produjo reglas, jerarquías y mecanismos para mediar en los conflictos entre presos. Su poder se expandió después a través de redes que conectan cárceles, barrios, mercados de droga y rutas del tráfico internacional. En comparación con el Comando Vermelho en Río, opera a menudo de un modo menos visiblemente territorial y más en red.
Ambos ejercen formas de gobernanza coercitiva, pero la geografía política de su poder difiere. La soberanía del Comando Vermelho se imagina más fácilmente como la ocupación armada de un territorio. La autoridad del PCC circula por cárceles, circuitos comerciales, códigos de conducta y redes que se extienden mucho más allá de cualquier territorio concreto. (Quizá podríamos decir que el PCC tiende a orientarse más hacia la lógica del valor, mientras que el Comando Vermelho tiende más hacia la lógica de la propiedad, pero acaso sea mejor evitar esa digresión).
La designación estadounidense borra buena parte de esa diferencia al colocar ambas organizaciones bajo la categoría del terrorismo extranjero. La categoría transforma regímenes complejos de gobernanza criminal en enemigos militares unificados. Y produce además una paradoja. La existencia de un poder criminal se describe como prueba de que el Estado brasileño ha perdido soberanía. Pero esa supuesta pérdida se convierte en la justificación para que un Estado extranjero más poderoso viole la soberanía brasileña. Lo que se presenta como restauración de la autoridad estatal puede convertirse, por tanto, en la extensión de la jurisdicción estadounidense sobre territorio brasileño.
La masacre de Río revela otra dimensión del problema. Las autoridades del estado de Río sostuvieron que el poder territorial del Comando Vermelho había convertido la seguridad pública en un asunto de guerra y de defensa nacional. En la práctica, ese argumento presenta a los residentes de ciertos territorios como poblaciones situadas dentro de una zona enemiga.
La soberanía de las organizaciones criminales, como la del Estado o la del imperio, es siempre incompleta. Es territorial y está conectada con los mercados globales, es coercitiva y está entrelazada con agentes estatales, se opone a la ley y depende de las economías legales. No es una clase de soberanía que discurra fuera del complejo Capital-Estado-Nación, sino una de las formas que tienden a crecer en tiempos de desajuste.
Aquí regresa la figura tradicional del «enemigo interno». Durante la dictadura militar brasileña, el enemigo interno era el comunista: un ciudadano cuyos compromisos políticos lo situaban supuestamente fuera de la comunidad nacional legítima. Hoy el enemigo se construye mediante las categorías del crimen, el narcotráfico y el terrorismo. La designación no se limita a los miembros armados de los grupos criminales. Se irradia hacia fuera y afecta a los territorios en los que esas organizaciones operan y a las poblaciones que viven en ellos. Los vecinos se vuelven sospechosos por habitar una zona descrita como controlada por el enemigo.
El lenguaje de la soberanía legitima así una operación en la que el monopolio estatal de la violencia deja de aparecer ante todo como promesa de protección. Se convierte en el poder soberano de decidir qué poblaciones pueden quedar expuestas a la muerte. El modo B de Karatani añade una dimensión material a esta descripción. El Estado no es meramente el actor que mata. Es también una relación de intercambio que promete protección y redistribución a cambio de obediencia e impuestos. ¿Qué ocurre cuando la redistribución retrocede mientras el saqueo y la coerción se intensifican?
El Estado puede seguir recaudando impuestos, deteniendo, encarcelando, ocupando y matando, pero se vuelve menos capaz de proporcionar protección y capacidad de reproducción social a ciertos sectores de la población, o menos dispuesto a hacerlo. El modo B queda despojado de su polo redistributivo. La organización criminal ocupa a menudo ese hueco. No aparece simplemente allí donde el Estado está ausente, porque el Estado suele estar muy presente a través de la policía, las cárceles y formas selectivas de regulación. La gobernanza criminal crece dentro de una forma específica de presencia estatal: coercitiva, desigual y entrelazada con los mercados ilegales.
Una carrera delictiva puede, en consecuencia, parecerse al trabajo precario en una economía desregulada. La organización recluta entre poblaciones expulsadas del empleo formal y les ofrece ingresos, estatus y protección a cambio de obediencia y de exposición a la muerte. Eso no convierte al crimen organizado en una rebelión espontánea contra el capitalismo. El narcotráfico es en sí mismo un mercado de mercancías ferozmente competitivo, conectado con circuitos financieros, comerciales y logísticos internacionales. La gobernanza criminal combina aspectos del modo B con los imperativos del modo C.
La soberanía de las organizaciones criminales, como la del Estado o la del imperio, es siempre incompleta. Es territorial y está conectada con los mercados globales, es coercitiva y está entrelazada con agentes estatales, se opone a la ley y depende de las economías legales, y así sucesivamente. No es, por tanto, una clase de soberanía que discurra fuera del complejo Capital-Estado-Nación, sino una de las formas que tienden a crecer en tiempos de desajuste.
Soberanías en el fin de la historia
La llamada edad de oro del capitalismo produjo la impresión de que capital, Estado y nación podían funcionar en un ajuste relativamente estable. Durante aproximadamente tres décadas después de la Segunda Guerra Mundial, los países capitalistas centrales combinaron crecimiento industrial, salarios en alza, derechos sociales y redistribución pública. Ese ajuste, sin embargo, nunca fue universal. La prosperidad del centro dependió siempre de relaciones imperiales y desiguales con la periferia, incluida la explotación de las diferencias de salarios, tecnología, organización política y acceso a las materias primas. Tampoco duró. A partir de los años setenta, la liberalización del capital, el debilitamiento de los sindicatos, la financiarización y la reorganización internacional de la producción, entre otros procesos, fueron aflojando progresivamente la correspondencia entre la economía, la regulación estatal y la política social.
Hoy el capital opera a través de cadenas globales de producción y de redes financieras que ningún Estado nacional puede controlar por completo. Los Estados, sin embargo, siguen siendo responsables de gestionar las crisis sociales y políticas que esos movimientos producen. Y se llama a las naciones a absorber la inseguridad resultante ofreciendo un imaginario de pertenencia o promesas de una grandeza por restaurar.
Es en este contexto donde la soberanía regresa. Se la invoca precisamente porque sus fundamentos materiales se han vuelto inestables. Trump promete un Estado imperial capaz de disciplinar al capital global y de restaurar la industria nacional. Lula invoca la soberanía brasileña frente al poder desigual de los Estados Unidos, tanto para congregar apoyo popular como para apelar a la comunidad internacional. Las autoridades policiales afirman que hay que restaurar la soberanía estatal en los territorios gobernados por organizaciones criminales. Los Estados Unidos invocan esa misma soberanía criminal como justificación para proyectar su poder más allá de las fronteras nacionales.
Estas reivindicaciones no convergen. Forman una jerarquía. La soberanía estadounidense dispone de poderes militares, financieros y tecnológicos con los que no cuentan Brasil, Paraguay o Venezuela. La soberanía del Estado brasileño es incomparablemente mayor que la que ejerce una organización criminal, pero también es internamente desigual. El Estado protege unos territorios y trata otros como zonas enemigas. Reconoce la autonomía de ciertos actores económicos mientras niega incluso la seguridad básica a amplios sectores de la población. Sería por tanto más preciso hablar no simplemente de soberanía, sino de voluntades de soberanía. Algunos actores tienen el poder de traducir sus reivindicaciones en sanciones, aranceles e intervenciones militares. Otros solo pueden invocar la soberanía como principio de resistencia, como significante vacío. Y otros ejercen fragmentos de poder soberano en los intersticios del Estado.
La proliferación contemporánea de soberanías, por tanto, quizá sea menos una crisis de la democracia o del ideal moderno del Estado-nación que un síntoma de un complejo Capital-Estado-Nación desajustado, en el que los Estados, las organizaciones criminales y otros muchos actores pugnan por lo que queda de los poderes que el capital ha desplazado o internacionalizado. Lo excepcional acaso fuese el breve periodo de posguerra durante el cual, en el centro del capitalismo, el Estado-nación pareció capaz de contener al capital, redistribuir la riqueza y representar una comunidad política relativamente unificada. En este sentido, la escena contemporánea deja al descubierto lo que aquella estabilidad aparente ocultaba.
* Este artículo se publicó inicialmente el 6 de agosto en el blog de Verso Books.
