El petróleo venezolano en las garras del imperio estadounidense
El secuestro de Maduro trasciende el «robo de petróleo»: Washington busca consolidar la subordinación estructural de Venezuela como proveedor de crudo barato, romper sus vínculos con Beijing y restablecer su hegemonía hemisférica en un continente que será campo de batalla por los recursos del siglo XXI.
El secuestro de Nicolás Maduro perpetrado por la administración Trump ha vuelto a colocar a Venezuela y sus colosales reservas petroleras en el foco mediático global. Pero aceptar sin más la retórica bélica de Trump —incluida su afirmación de que Estados Unidos quiere «recuperar el petróleo... que deberíamos haber recuperado hace mucho tiempo»— puede hacernos perder de vista las dinámicas más profundas en juego en la invasión estadounidense. El petróleo es, sin duda, clave para comprender lo que está sucediendo, pero de maneras que trascienden al mero control directo de las reservas venezolanas de crudo.
En su forma cruda, el petróleo tiene escasa utilidad: debe transformarse mediante el refinado en una miríada de mercancías vendibles que puedan después puedan incorporarse al proceso de acumulación. Desde principios del siglo XX, las grandes firmas occidentales comprendieron que el control de la cadena de valor completa —extracción, refinado, producción petroquímica, transporte y comercialización— era la clave para modelar mercados, fijar precios y disciplinar a los competidores.[1] Su dominio no descansaba simplemente en poseer pozos, sino en controlar las infraestructuras y redes de distribución que determinaban cómo se movía el petróleo y quién se beneficiaba de él.
Históricamente, esta estrategia de integración vertical otorgó a las mayores firmas occidentales un poder absoluto sobre la industria petrolera mundial. Pero este poder ha comenzado a verse desafiado en las últimas dos décadas, con la emergencia de grandes empresas estatales en Oriente Medio, América Latina y China que rivalizan con sus contrapartes occidentales. Crucialmente, estas firmas —particularmente Saudi Aramco y los gigantes petroleros estatales chinos— han seguido la senda trazada por las empresas occidentales a lo largo del siglo XX, concentrando el dominio sobre el proceso completo de valorización del crudo: desde las reservas upstream hasta las actividades downstream que comandan la circulación del valor —oleoductos, transporte marítimo, refinado y producción petroquímica).
Venezuela, sin embargo, contrasta radicalmente con esta tendencia global. Lejos de consolidar el control sobre la cadena de valor completa, su empresa estatal, Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), ha sido sistemáticamente despojada de sus capacidades downstream. En ningún lugar es esto más evidente que en el refinado, la fase crucial en la que el crudo se convierte en un producto de mayor valor. Años de sanciones estadounidenses, agravadas por el deterioro interno de PDVSA, cortaron el acceso a repuestos, catalizadores, financiación e insumos técnicos esenciales para mantener las operaciones de refinería. Las consecuencias han sido catastróficas: en 2014, Venezuela representaba aproximadamente un quinto del rendimiento de refinado de América del Sur y Central; para 2024, su participación se había desplomado a apenas el 6%. Hoy, las cinco refinerías principales del país funcionan muy por debajo del 20% de su capacidad, comparado con alrededor del 70% hace una década.
Esta degradación del sistema de refinado venezolano es esencial para comprender el momento actual. Sin refinerías funcionales, el crudo venezolano no puede ser valorizado dentro del país. En su lugar, se acumula en almacenamiento o se vende con grandes descuentos a compradores independientes (como los de China) dispuestos a navegar el régimen de sanciones. Al mismo tiempo, las exportaciones venezolanas de productos refinados se han desplomado, cayendo casi un 80% en dos décadas. En 2005, Estados Unidos aún era importador neto de gasolina, diésel y combustible de aviación venezolanos; para 2012, Venezuela se había vuelto dependiente de productos refinados importados de las mismas refinerías de la Costa del Golfo estadounidense que antes dependían de su crudo. Así, Venezuela ha llegado a ocupar una posición profundamente subordinada vis-à-vis Estados Unidos: forzada a exportar crudo con descuento mientras importa combustibles de mayor valor que ha dejado de producir en casa.
Esta dependencia estructural se profundizará aún más con la intervención estadounidense. Restaurar el sector downstream venezolano no es cuestión de «encender» las instalaciones cerradas una vez cambien las condiciones políticas. El refinado petrolero está entre los segmentos más intensivos en capital y técnicamente exigentes de la cadena del petróleo: requiere una red eléctrica estable, servicios públicos funcionales, suministros continuos de insumos químicos y una fuerza laboral cualificada capaz de mantener y operar maquinaria altamente compleja. Cuando las refinerías permanecen inactivas u operan de manera intermitente, la corrosión se expande, los catalizadores se degradan, las bombas y compresores se atoran y los sistemas de control fallan. Las experiencias de Irak, Irán y Libia demuestran que, una vez que un sector de refinado colapsa bajo sanciones o guerra, los llamados costes de reinicio pueden equiparar o superar el coste de construir nuevas instalaciones desde cero.
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En este contexto, el futuro de Venezuela bajo la soberanía estadounidense se torna transparente. Privado de un sector de refinado funcional, negado el acceso a los insumos necesarios para procesar su propio crudo y carente del capital requerido para reconstruir su infraestructura destrozada, el país queda estructuralmente confinado al papel de proveedor de crudo bruto de bajo valor para refinadores con base en Estados Unidos. Esta es la culminación de una estrategia que Washington ha perseguido durante dos décadas: empujar a Venezuela de vuelta a la periferia extractiva de un sistema energético hemisférico dominado por Estados Unidos. En efecto, el país retorna a la posición subordinada que ocupó a principios del siglo XX: rico en crudo, pero dependiente del capital y las refinerías estadounidenses para convertir ese crudo en valor.
El upstream
¿Qué hay, entonces, de las repetidas afirmaciones de Trump de que las compañías petroleras estadounidenses se apresurarán a regresar al sector upstream venezolano, particularmente la vasta Faja Petrolífera del Orinoco? Inmediatamente después de la captura de Maduro, Trump insistió en que «nuestras muy grandes compañías petroleras estadounidenses entrarán, gastarán miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura petrolera gravemente deteriorada y comenzarán a generar dinero para el país», sugiriendo que las firmas estadounidenses podrían revivir la producción venezolana en poco tiempo. Días después, fue más lejos, afirmando que las compañías estadounidenses podrían poner el campo petrolero venezolano «en marcha» en menos de dieciocho meses, con el gobierno federal llegando incluso a reembolsar las inversiones.
Estas declaraciones resuenan con la fanfarronada imperial de Trump sobre «recuperar nuestro petróleo», pero han sido recibidas con un silencio conspicuo por parte de los altos ejecutivos petroleros estadounidenses. Parte de esta reticencia refleja incertidumbre sobre cómo serán las condiciones políticas en Venezuela dentro de seis meses, y ya no digamos durante las décadas requeridas para recuperar cualquier inversión en los campos petroleros. Pero el problema más profundo es la escala misma del capital necesario para revivir la producción de crudo venezolano. Los oleoductos y tanques de almacenamiento están corroídos, la mitad de la flota de petroleros del país está en estado de deterioro, y la fuerza laboral petrolera cualificada que antes sostenía a PDVSA se ha dispersado por todo el globo. Reconstruir esta infraestructura de extracción requeriría decenas de miles de millones de dólares: una estimación reciente calcula al menos 115.000 millones de dólares para duplicar la producción a 2 millones de barriles diarios para principios de los años 2030. Son cifras enormes, equivalentes a tres veces el gasto de capital combinado de ExxonMobil y Chevron durante el año pasado, y aun así solo llevarían los niveles de producción a menos de la mitad de los campos petroleros texanos.
Por estas razones, las principales petroleras estadounidenses han permanecido en su mayoría silenciosas sobre la perspectiva de explotar el yacimiento petrolero venezolano.[2] Para grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips —entre las pocas que tienen balances para soportar tales inversiones— Venezuela no es vista como un país que traerá la bonanza inminente sino como una empresa de alto riesgo y alto costo que ofrece poco y no cotiza al alza. Todo esto debe situarse en el contexto de un mercado petrolero global marcado por precios bajos y exceso sustancial de capacidad.
Sin embargo, más allá de la cuestión de revivir la producción upstream venezolana, la intervención estadounidense es profundamente importante para las firmas petroleras estadounidenses por razones que yacen fuera de Venezuela. La más inmediata de estas razones concierne a los extraordinarios descubrimientos de petróleo y gas en la vecina Guyana, donde más de 10.000 millones de barriles de crudo ligero y bajo en azufre han transformado una economía antes periférica en una codiciada nueva frontera para las firmas energéticas globales. Casi toda esta riqueza hidrocarburífera está concentrada en la región del Esequibo, un territorio largamente reclamado por Venezuela.
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Durante la última década, Guyana se ha convertido en pieza clave de la estrategia extractiva upstream de ExxonMobil. La compañía proyecta alcanzar una producción de 1,7 millones de barriles diarios en los próximos tres años —un tercio de su cartera global de crudo para 2027—. En este contexto, la disputa territorial sobre el Esequibo adquiere una dimensión estratégica decisiva. En 2023, Maduro intentó afirmar soberanía mediante referéndum nacional; poco después, Caracas escaló la presencia militar en la frontera y, en abril de 2024, declaró formalmente al Esequibo como estado venezolano, anunciando elecciones para principios de 2025. Un gobierno venezolano subordinado a Washington liquida esta amenaza de un plumazo, garantizando las condiciones para que el capital estadounidense opere sin interrupciones en los yacimientos guyaneses, tanto offshore como terrestres.
Una segunda consideración importante para las firmas petroleras estadounidenses concierne a las enormes demandas financieras contra Venezuela como resultado de las nacionalizaciones de Chávez en 2007. Artículos recientes sitúan las reclamaciones de ConocoPhillips en 12.000 millones de dólares mientras que ExxonMobil ha dicho que se le deben alrededor de 20.000 millones. La destitución de Maduro y la «tutela» estadounidense del gobierno venezolano probablemente despejarán el camino para que estas enormes cantidades sean pagadas, ya sea directamente o mediante la transferencia de activos hidrocarburíferos. En este sentido, el cambio de régimen liderado por Estados Unidos asegura ingresos financieros para el capital petrolero estadounidense de una forma mucho más rápida y confiable que cualquier inversión a corto plazo en la colapsante infraestructura petrolera de Venezuela.
«Nuestro hemisferio»
El factor final y quizá más relevante detrás de la invasión estadounidense es el objetivo explícito de romper los profundos vínculos económicos y políticos de Venezuela con China. Esto no se trata del acceso de China al petróleo venezolano. Aunque alrededor del 80% de las exportaciones petroleras de Venezuela ahora fluyen a China, esto representa solo alrededor del 4% de las importaciones totales de crudo de China. Lo que importa no es el volumen del comercio petrolero sino el posicionamiento simbólico de Venezuela dentro de la expansión continental más amplia de China, y el papel que el petróleo juega en facilitar la influencia política y económica china en el país.
Durante las últimas dos décadas, Venezuela se ha convertido en uno de los socios más importantes de Beijing en el Sur Global. Los compromisos crediticios chinos al país superaron los 106.000 millones de dólares entre 2000 y 2023, la cuarta cifra más alta entre todos los prestatarios del gigante asiático. Pero el quid de la cuestión reside en la naturaleza de estos flujos: no se trató de préstamos de desarrollo convencionales, sino de financiación garantizada mediante petróleo. La inmensa mayoría del crédito chino quedó colateralizada por crudo venezolano, obligando a PDVSA a repagar a Beijing mediante embarques a largo plazo en lugar de transferencias monetarias. Así, las exportaciones petroleras devinieron el vector mediante el cual el capital chino penetró Venezuela, atrapando al país en un ciclo de endeudamiento que se pagaba en mercancías.
El régimen de sanciones estadounidense transformó esta dinámica en un circuito aún mayor de subordinación: el crudo venezolano se vendió con descuentos pronunciados, y su destino no fueron las grandes empresas estatales chinas sino las refinerías «teapot» concentradas en la provincia de Shandong. Estas plantas independientes, de gestión privada, operan en los intersticios de los mercados globales y pudieron absorber crudo venezolano precisamente porque las sanciones estadounidenses habían clausurado los canales comerciales formales. El sistema petróleo-por-préstamos, en definitiva, ha operado como correa de transmisión entre la influencia financiera de Beijing y la supervivencia misma del Estado venezolano.
Washington busca ahora desmantelar este entramado reorientando los flujos de crudo venezolano: del mercado chino hacia las refinerías de la Costa del Golfo, especialmente diseñadas para procesar grados pesados y ácidos. El objetivo no es meramente económico: se trata de arrancar a Venezuela de la órbita china y restablecer la hegemonía estadounidense sobre el hemisferio. Marco Rubio, Secretario de Estado, lo expresó con una claridad que resulta meridiana: «Este es el Hemisferio Occidental... y no vamos a permitir que sea una base de operaciones para adversarios y rivales de Estados Unidos». La Casa Blanca lo sintetizó aún más brutalmente el 4 de enero afirmando: «Este es nuestro hemisferio».
El secuestro de Maduro constituye una declaración de poder imperial que trasciende Venezuela: es un mensaje dirigido a todo un continente donde se dirimirán las luchas futuras por la energía, las infraestructuras y los minerales críticos. Washington anuncia que está dispuesto, una vez más, a emplear la fuerza directa para asegurar las condiciones de acumulación capitalista en un hemisferio donde China se ha consolidado como socio económico dominante y donde nuevas fronteras extractivas —del petróleo offshore guyanés al litio boliviano— reconfiguran aceleradamente el tablero geopolítico. Los objetivos de la invasión estadounidense, en suma, rebasan con mucho a Caracas y su colapsado sector petrolero.
* Adam Hanieh es autor de Crude Capitalism. Oil, Corporate Power, and the Making of the World Market (de próxima publicación por Verso Libros)
** Este artículo fue publicado en el blog de Verso Books el 13 de enero de 2026.
[1] Esta estructura verticalmente integrada permitió el ascenso de las llamadas «Siete Hermanas», cinco compañías estadounidenses y dos europeas que fueron precursoras de las actuales ExxonMobil, Chevron, Shell y BP. Estas firmas controlaron toda la industria petrolera mundial durante la mayor parte del siglo XX; la integración vertical les dio el poder para excluir rivales de infraestructuras esenciales, fijar precios globales y maniobrar flexiblemente a través de diferentes segmentos de la industria según cambiaban las condiciones del mercado.
[2] Una posible excepción parcial aquí es Chevron, que recibió una aprobación especial de la administración Trump para continuar operando en el país a pesar de las sanciones.
