Construir un sindicato de trabajadoras del sexo: retos y perspectivas
En este artículo, Morgane Merteuil reflexiona sobre cómo reformular la prostitución en tanto que trabajo sexual, las cuestiones prácticas para sindicalizarse y cómo reivindicar los derechos de las trabadoras del sexo.
No es nada fácil fundar un sindicato en un sector en el que nunca han existido organizaciones de este tipo. De hecho, buena parte de los sindicatos actuales tienen una (larga) historia. Además, si bien no es raro que los trabajadores se afilien a un sindicato, sí lo es que participen en su fundación y construcción inicial. Y ello resulta aún más difícil cuando el propio trabajo que se debe organizar no es del todo legal; cuando la mayoría de los trabajadores son migrantes en situaciones exrtremadamente precarias, o que son detenidos arrbitrariamente y deportados con regularidad; cuando el contexto legal de un país pasa por alto, y contribuye a, los altos niveles de violencia y explotación; y cuando, por si todo esto fuera poco, aquellos que deberían ser solidarios están del otro lado, luchando por criminalizar la actividad de los trabajadores.
A pesar de todas estas dificultades, el reto que describo ha sido asumido por las trabajadoras del sexo en muchos países. Hoy en día, los sindicatos de trabajadoras del sexo son agentes de pleno derecho en la lucha social y política, planteando diversas cuestiones, como la emancipación de la mujer y la lucha contra el racismo, la redefinición del trabajo y la lucha contra la explotación.
En Francia, en 2009, se creó STRASS-Sindicat du travail sexuel (Sindicato de Trabajadores del Sexo). A pesar de las duras críticas vertidas, se convirtió en una potente voz a tener en cuenta en los debates sobre el trabajo sexual. Su fuerza radica en su capacidad para que las trabajadoras del sexo consigan canalizar las luchas a las que se enfrentan diariamente en la lucha por sus derechos.
Reformular la prostitución como trabajo sexual: cuestiones teóricas
Las revueltas de las prostitutas están documentadas a lo largo de la historia, pero se reconoce comúnmente que el movimiento "moderno" de las trabajadoras del sexo nació en 1975 en Francia, cuando las mujeres de Lyon ocuparon la iglesia de Saint Nizier. Las mujeres protestaban contra las detenciones que sufrían a diario por estar de pie en la calle, y contra el hecho de que muchas habían sido asesinadas recientemente sin que las autoridades tomaran ninguna medida contra estos crímenes. La ocupación de iglesias por parte de las prostitutas se extendió a otras ciudades, no sólo de Francia, sino también de Inglaterra, donde se había fundado el Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP). En las décadas siguientes, ante la epidemia de sida, las trabajadoras del sexo movilizaron campañas esenciales en torno a la organización sanitaria comunitaria, aprendiendo eficazmente a protegerse contra esta nueva amenaza.
En 2002, la llegada de Nicolas Sarkozy al Ministerio del Interior francés imprimió una nueva dinámica al movimiento: su ley de Seguridad Interior de 2003 introdujo el delito de prostitución "pasiva", que no era ni más ni menos que la ilegalización del trabajo sexual callejero. Esta ley, que sigue aplicándose hoy en día, ha sido increíblemente perjudicial, ya que ha obligado a las trabajadoras del sexo a desempeñar su labor en zonas más aisladas, donde están expuestas a más violencia, precariedad y riesgos para la salud. También se ha utilizado como una herramienta muy eficaz contra la inmigración, legitimando la detención y deportación de trabajadoras del sexo inmigrantes.
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Fue en ese contexto en que las trabajadoras del sexo pasaron a la acción política. Empezaron a autoorganizarse, sobre todo en torno a reuniones y talleres masivos que tenían lugar de manera anual, en los que planteaban entre ellas los numerosos problemas a los que se enfrentaban. Con el tiempo, decidieron crear su propia organización autónoma para hacer oír su voz, intervenir en los debates políticos que les concernían y animar a sus colegas a hacer lo mismo, dotándolas de las competencias necesarias para participar en la lucha. Ya existían algunas pequeñas organizaciones similares, pero en la nueva organización se planteó una perspectiva diferente: las trabajadoras del sexo querían organizarse como trabajadoras, y querían hacerlo en torno a un sindicato. Era una perspectiva que les permitiría arrojar luz nueva sobre las cuestiones que les preocupan.
La reformulación de los problemas de la "prostitución" como problemas de las trabajadoras del sexo no es nueva. Se dice que Carole Leigh, trabajadora del sexo y activista feminista, creó el término "trabajo sexual" durante un taller feminista celebrado en San Francisco en 1978. Las feministas marxistas, especialmente las que participaron en el movimiento Salarios para el Trabajo Doméstico a principios de la década de 1970, construyeron un marco teórico en el que el sexo se consideraba parte del trabajo reproductivo, y la prostitución se entendía como una forma de trabajo externalizado y mercantilizado, que también realizaban las amas de casa de forma gratuita. Mientras que hablar de "mujeres prostituidas", como hacen muchas feministas contrarias a la prostitución, lleva a categorizar a las mujeres que venden servicios sexuales por separado de las que no lo hacen, hablar de trabajo sexual no separa a la mujer "buena" y "honesta" de la "mala", o "venal". Ello permite una nueva base para construir la solidaridad entre las mujeres con el fin de luchar contra la explotación que experimentan en todos los aspectos de sus vidas.
En esta perspectiva desarrollada por el Syndicat du travail sexuel, hablar de "trabajo sexual" no sólo contribuye a eliminar el estigma que rodea al trabajo sexual –un estigma que amenaza a todas las mujeres–, sino que también sirve para arrojar luz sobre los factores políticos y económicos que causan la explotación y la violencia que sufren las trabajadoras sexuales. En efecto, cuando esta explotación y esta violencia son utilizadas por los responsables políticos para legitimar nuevas leyes represivas contra el trabajo sexual, es necesario recordar que estas condiciones de trabajo se ven en realidad reforzadas por un contexto represivo y estigmatizador, contra el cual los trabajadores deberían poder organizarse para luchar por su emancipación.
Crear un sindicato en el punto cero: cuestiones prácticas
Crear un sindicato es todo un reto, pero crear un sindicato de trabajadoras del sexo es algo totalmente distinto. En primer lugar, debido a la situación semilegal del trabajo sexual, llegar a las personas que trabajan en este sector no es tarea fácil. En Francia, como en la mayoría de los países europeos, las trabajadoras del sexo no pueden compartir un lugar de trabajo, e incluso cuando lo hacen -en burdeles ilegales como saunas, salones de masajes, etc.- organizarse no es fácil, ya que inevitablemente implica llamar la atención sobre su trabajo, revelar las actividades ilegales que se llevan a cabo y arriesgarse así al cierre de sus lugares de trabajo. Sin duda, esto no es ninguna solución para los trabajadores que se enfrentan a malas condiciones laborales. Además, como ocurre con muchos trabajos precarios, para muchas personas que trabajan en la industria del sexo el trabajo es temporal o los propios trabajadores lo consideran así, una actitud que puede hacer que los trabajadores, en todas las industrias, sean reacios a luchar por unas mejores condiciones laborales.
Debido a la estigmatización, el miedo a hablar públicamente como trabajadoras del sexo, y a enfrentarse a problemas en la vida personal y social como consecuencia de ello, es también un gran obstáculo a la hora de organizar a las trabajadoras del sexo. Esta estigmatización es también una de las razones por las que las trabajadoras del sexo suelen tener tan malas experiencias en su trabajo: como las "putas" son tan a menudo representadas como objetos pasivos, reducidas a soportar los deseos masculinos, sin poder de negociación, muchas personas, incluidas las que se dedican al trabajo sexual, no saben que existen habilidades que pueden ayudar a reducir o evitar los daños que puede causar su trabajo. Dado que es ilegal asesorar a las personas que se inician en la industria del sexo –se considera que es "fomentar la prostitución", es decir, "proxenetismo"–, es difícil sensibilizarlas.
La dinámica de poder es un problema no sólo entre las trabajadoras del sexo y las que no lo son, sino entre las propios trabajadoras del sexo. Los movimientos contra el trabajo sexual alimentan las divisiones cuando pretenden trabajar en interés de las víctimas de la trata mientras presionan a favor de la criminalización. Como resultado de estas campañas, cada generación de trabajadoras del sexo inmigrantes en ocasiones se ve acusada por otras trabajadoras del sexo de formar parte de "redes criminales", de no conocer las "reglas del negocio" o de rebajar los precios.
Asimismo, esta tendencia hacia la división aparece en algunos discursos "pro-sexo" o "sex positivos" que insisten en la cuestión de la "libertad sexual": tal retórica ignora la experiencia de aquellos para quienes el trabajo sexual es una experiencia traumatizante y explotadora, y que por tanto no pueden reconocerse en este enfoque.
También se da el caso de que, como muchas trabajadoras del sexo trabajan de forma independiente, y debido a la creciente precariedad en la industria del sexo, hay mucha competencia económica entre las trabajadoras del sexo. La existencia de un sindicato como lugar en el que pueden reunirse personas, incluidas las de distintos sectores, que normalmente no lo harían (por ejemplo, trabajadoras de la calle y acompañantes) ha tenido efectos muy positivos en este sentido, permitiendo a las trabajadoras del sexo encontrar y practicar la solidaridad en lugar de la desconfianza hacia sus colegas.
A pesar de estas dificultades, muchas de ellas en absoluto exclusivas de la industria del sexo, el trabajo sindical no es tan diferente del que se realiza en otras organizaciones de este tipo. La mayor parte de la actividad consiste en dar a conocer a las trabajadoras del sexo sus derechos, para ayudarlas a defenderse de los numerosos abusos que sufren, ya sea por parte de la policía o de terceros; acompañar a las que se enfrentan a cuestiones administrativas o penales; y luchar por más derechos.
Al hacerlo, el sindicato ha contribuido a crear una situación en la que las trabajadoras del sexo pueden autoorganizarse, dentro o fuera del sindicato, construyendo sus propias estructuras comunitarias –por ejemplo, las trabajadoras del sexo chinas han creado recientemente su propia organización autónoma–, compartiendo información para reaccionar con rapidez y eficacia ante detenciones, redadas o violencia por parte de un cliente.
Otro asunto central de la labor de un sindicato en la industria del sexo que es muy necesaria es luchar contra las leyes represivas entrando en los debates políticos para hacer oír nuestras voces.
Reivindicar los derechos de las trabajadoras del sexo: cuestiones políticas
Una vez consideradas las cuestiones planteadas hasta ahora –el trabajo sexual como parte del trabajo reproductivo, la regulación y las restricciones aplicadas al trabajo sexual, la lucha por los derechos de las trabajadoras del sexo–, queda claro que el trabajo sexual merece mucha más atención que la que suelen ofrecer los debates sobre las estadísticas de trabajadoras del sexo "libres" y "víctimas de la trata", y una atención diferente. Sería más útil considerar la regulación, o criminalización, del trabajo sexual, en relación con el contexto de un capitalismo neoliberal globalizado en el que tiene lugar esta industria de género y racializada.
Si analizamos el trabajo sexual en relación, por ejemplo, con la situación de otras mujeres que participan en el trabajo reproductivo, ya sean amas de casa o empleadas domésticas, la criminalización y estigmatización de las trabajadoras sexuales puede leerse como una forma de constituirlas en un ejército de reserva del trabajo reproductivo, garantizando un suministro de mano de obra reproductiva barata (o incluso gratuita), por la amenaza que supone para todas las mujeres que pretendan rechazar las condiciones de su contrato laboral o matrimonial. Desde esta perspectiva, queda claro que la lucha contra el estigma de la prostitución, que perjudica no sólo a las mujeres que no se ganan "honradamente" la vida, sino a cualquiera que no obedezca las normas patriarcales de la sexualidad femenina, debería ser una prioridad de la agenda feminista.
Sin embargo, muchas feministas promueven una mayor criminalización, tal vez creyendo que la emancipación de la mujer no puede ocurrir sin la ayuda de leyes represivas. Supuestamente, no pretenden perseguir a las mujeres que venden sexo, sino a los clientes o a los llamados "proxenetas"; pero cuando un casero tiene que dejar sin casa a su inquilina porque es una trabajadora del sexo, porque teme que le detengan por proxenetismo, debemos preguntarnos cómo es posible que esa criminalización contribuya a la emancipación de la mujer.
Además, ¿cómo suponen estas feministas que se localizará a los clientes o "proxenetas" sin aumentar la vigilancia de las propias mujeres? Hay que tener en cuenta que la mayoría de las trabajadoras sexuales del Norte global, así como las personas que trabajan con ellas, no son blancas, por lo que la lucha contra la prostitución contribuye a menudo a reforzar el control migratorio y la vigilancia y el encarcelamiento sistémicos de las poblaciones no blancas.
Mientras que los discursos que promueven la criminalización del trabajo sexual tienden a individualizar y esencializar la situación de las trabajadoras del sexo –centrándose en el trabajo sexual como violencia contra las mujeres–, un enfoque sindicalista debe tratar de recontextualizar esta situación, con el fin de comprender las dinámicas de las que surge. La cuestión de la violencia contra las trabajadoras del sexo, así como la de la "trata", no pueden considerarse sin tener en cuenta lo que hace posible y mantiene tales situaciones. Por ejemplo, parece ingenuo pedir intervenciones estatales contra los traficantes, sin cuestionar las restricciones a las migraciones que empujan a muchas mujeres del tercer mundo a contraer enormes deudas para poder emigrar.
En muchas partes del mundo, los profesionales del sexo reciben el firme apoyo de (una minoría de) organizaciones feministas y LGBT, lo cual es muy alentador. No es una coincidencia, puesto que el trabajo sexual implica sexo, que los grupos que participan en campañas a favor de las libertades sexuales apoyen cada vez más a los profesionales del sexo. Sin embargo, si el trabajo sexual implica sexo, también, y especialmente, implica trabajo.
Por lo tanto, es muy decepcionante que gran parte de la izquierda participe en campañas para aumentar la criminalización del trabajo sexual, en nombre de los trabajadores de una industria sobre la que la mayoría de ellos no saben nada, negando a los trabajadores sexuales sus derechos como trabajadores y demostrando así su inadecuación con respecto a la teorización del trabajo de las mujeres y, más en general, la emancipación de las mujeres.
Sin embargo, la rara integración de las trabajadoras del sexo en los sindicatos generales sigue inspirando a las trabajadoras del sexo de aquí. No piden permiso para participar en la lucha de clases de la que ya forman parte integrante.
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