Los nuevos ropajes de la censura

Historiadores, filósofos, activistas, escritores, psicólogos, abogados, profesores, académicos, economistas, periodistas… todos tenemos en común que hemos publicado con La Fabrique. Estamos unidos a esta editorial, fundada hace 25 años por Eric Hazan, cuyo catálogo es tan rico como intelectualmente serio. 

Nos consternó la noticia de la detención de su responsable de derechos internacionales, Ernest, en Londres, el pasado 17 de abril, cuando se dirigía a la Feria del Libro de Londres, gran acontecimiento literario en Europa, para promocionar la lista de derechos de la editorial. La feria no es únicamente un acontecimiento comercial. La presencia de editoriales como La Fabrique es un contrapeso esencial a la sobreexposición de la edición industrial a escala internacional, y a la hegemonía lingüística de los grandes países del Norte global.

Ernest fue detenido cuando salía del tren en la estación londinense de St Pancras en virtud de la legislación antiterrorista: el anexo 7 de la Ley de Terrorismo de 2000 británica. Esta disposición, que ha sido denunciada en Gran Bretaña por grupos de derechos humanos, permite parar, interrogar, registrar y, si es necesario, detener a personas sin ninguna autorización previa ni sospecha. También permite incautar dispositivos electrónicos y obtener sus datos sin justificación alguna. A Ernest le confiscaron el teléfono y su ordenador de trabajo. Durante su interrogatorio, se le interrogó sobre «autores antigubernamentales de La Fabrique». Se le pidió que facilitara las contraseñas de sus dispositivos, a lo que se negó. Y basándose en esta negativa, se le acusó de obstrucción a una investigación antiterrorista.

Es necesario dar un paso atrás y considerar el peligro que un procedimiento así representa para nosotros, autores vinculados a esta editorial, y para las libertades democráticas en general. Tenemos aquí una legislación particularmente liberticida (una de las más duras de Europa) que permite iniciar una investigación antiterrorista sin sospecha. Permite a las autoridades descargar todos los datos de alguien sin pruebas ni pistas serias, suponiendo que podrían encontrar algo sospechoso en ellos. Dado que las preguntas planteadas a Ernest se refieren a la política francesa y a las posiciones de los autores de La Fabrique, tenemos que imaginar que los servicios franceses eligieron una oportunidad favorable para obtener los datos de un editor potencialmente incómodo sin ningún motivo judicial.

¿Somos realmente conscientes de lo que esto significa para nosotros y para el debate de ideas? Para elaborar un libro, es necesario disponer de notas y borradores preliminares, reunir fuentes sensibles, transcribir entrevistas con personas que desean permanecer en el anonimato y, a veces, escribir bajo seudónimo. Estas etapas indispensables requieren una forma de confidencialidad, bien para dar a una idea el tiempo y el trabajo necesarios para que se desarrolle, bien porque no se pretende que los elementos preparatorios sean divulgados.

Huelga decir que la libertad de expresión solamente merece realmente ese nombre cuando se aplica a personas o grupos que no agradan a las autoridades o a las grandes compañías; cuando tiene por objeto proteger obras que podrían enfadar a un gobierno o a grandes corporaciones; cuando presupone el derecho al secreto antes de la difusión de los textos; y cuando se basa también en la libre circulación de las ideas por todo el mundo.

Detener al representante de una editorial sin motivo, o hacer que lo detengan en el extranjero, y amenazarlo con duros procesos si no coopera en el robo de sus propios datos, es una forma de presión inaceptable en una sociedad que pretende ser democrática. El contexto de la detención de Ernest y la naturaleza del Anexo 7 de la Ley de Terrorismo deberían alarmarnos: estos métodos pueden utilizarse contra cualquier editor, redactor, autor o periodista. Se trata de un nuevo umbral de autoritarismo que se ha cruzado, y que es extremadamente preocupante porque no sólo censura los libros publicados, sino la idea misma o el proyecto de escribir uno. Es una amenaza más para los denunciantes.

Exigimos que se retiren los cargos contra Ernest y que se le devuelva su material. Exigimos al gobierno francés la verdad sobre este caso y, en particular, sobre su implicación y sus intenciones. Necesitamos derrotar urgentemente a la presidencia de Macron, que parece decidida a enterrar todas nuestras libertades una tras otra.

Firman: Tariq Ali, Zahra Ali, Grey Anderson, Bernard Aspe, Eric Aunoble, Jean Christophe Bailly, Marc Belissa, Mathieu Bellahsen, Omar Benderra, Lise Benoist, Jacques Bidet, Bertrand Binoche, Ian H. Birchall, Félix Boggio Éwanjé-Épée Thomas Bouchet, Houria Bouteldja, Yannick Bosc, Olivier Brisson, Christian Bruel, Judith Butler, Pilar Calveiro, Laurent Cauwet, Grégoire Chamayou, Nicolas Da Silva, Mathieu Dejean, Alain Deneault, David Dufresne, Eric Fassin, Joëlle Fontaine, Bernard Friot, Françoise Fromonot, Florent Gabarron-Garcia, Isabelle Garo, François Gèze, Pierre-Yves Glasser, Jean-Marie Gleize, Christophe Granger, Raphaël Kempf, Razmig Keucheyan, Sadri Khiari, Armelle Laborie-Sivan, Sylvain Lazarus, Jean-Jacques Lecercle, Mathieu Léonard, Laurent Lévy, Wendy K. Lochner, Frédéric Lordon, Pierre Macherey, Stella Magliani-Belkacem, Andreas Malm, Natacha Michel, Elaine Mokhtefi, Jean-Yves Mollier, Marie-José Mondzain, Alain Naze, Olivier Neveux, Anne Quennedey, Nathalie Quintane, Jacques Rancière, Mathieu Rigouste, Paul Rocher, Kristin Ross, Alain Rustenholtz, Malise Ruthven, Julien Salingue, Thierry Schaffauser, Claude Serfati, Eyal Sivan, Patricia Sorel, Jean Stern, Marcello Tarì, Alberto Toscano, Enzo Traverso, Françoise Vergès, Arnaud Viviant, Louisa Yousfi.